Sara Larraín: En dictadura “se expropió el patrimonio natural y se entregó a unos pocos”

Sara Larraín dedica sus días a luchar por preservar el patrimonio natural del país. Pero comenzó a hacerlo en plena dictadura, cuando la preocupación por la crisis climática y la degradación ambiental no eran un tema común.

En entrevista con El Desconcierto, la ecologista y directora de Chile Sustentable relata los inicios del movimiento ecologista en el país, recuerda cómo se cimentó en dictadura la explotación del patrimonio natural del país y reflexiona sobre el debate constitucional.

¿Por qué surgió un movimiento ecologista en los 80?

En el período militar se empezó a ver claramente la explotación masiva de recursos naturales. La contaminación del sector minero destacaba y surgieron muchas personas enfermas por la extracción de metales, y de la fundición de Codelco con los hombres de verde.

En Santiago había un basural muy grande en Estación Central, y teníamos una pésima calidad del aire. Así se empezaron a hacer de forma muy resguardada las primeras marchas de organizaciones preocupadas por la defensa del medio ambiente y de la salud.

¿De qué forma se organizaron?

Ya por el 87 se creó una red nacional de acción ecológica, donde convergieron organizaciones de mujeres, mineros, campesinos y también académicos, y lo primero que se hizo fue una gran plenaria donde cada persona se presentaba, decía de qué lugar venía y los problemas ambientales que tenían. Allí haubo una gran arpillera y cada persona con alfiler iba marcando cada problema y cuando terminó la actividad teníamos un mapa del descalabro ecológico que estaba quedando. Fue la primera vez que en Chile nos dimos realmente cuenta de la envergadura de este problema.

¿Cuál es el legado que dejó la dictadura en materia ambiental?

Lo más grave de la dictadura es que se estableció allí un marco jurídico en el cual se expropió a los chilenos de los bienes públicos. Esto con leyes como el Código de Aguas que estableció la privatización del agua, la ley eléctrica, el código minero con la concesión minera plena y el decreto 701 en el sector forestal donde se dio luz verde a un pequeño grupo de empresarios para la destrucción del bosque nativo para plantar pino y se echaron todo el Maule, también la cordillera de Nahuelbuta.

En el período militar se expropió el patrimonio natural de Chile a todos los chilenos y se establecieron las bases jurídicas para entregarle ese patrimonio a unos pocos bajo títulos de propiedad. Es algo que continúa. Recién después de 50 años tenemos un royalty minero y en derechos de agua no logramos ponerle mano a los derechos ya otorgados. Se expropió a los chilenos del patrimonio natural y se le puso marco constitucional. Esto además significó el enriquecimiento de algunos que conocemos todos y el empobrecimiento de los chilenos y por supuesto del Estado, que no puede cobrar royalty, que tiene que comprar agua, etc.

¿Hay espacio para hacer cambios en materia ambiental hoy en día, tomando en cuenta el debate constitucional?

No va a ser fácil porque los sectores que se apropiaron del capital natural del país no quieren soltar nada, no quieren nada con lo colectivo ni aceptar que hay un bien común y un interés público. Tampoco reconocen que el territorio nacional es de todos los habitantes de la nación, y que cuando te apropias del agua que es de todos debes pagarle algo a la sociedad.

Lamentablemente tenemos un poder económico con sus partidos políticos que cierran filas y no quieren la soberanía de los chilenos sobre sus recursos naturales y no quieren devolver nada, siendo que en el proceso anterior ni siquiera participaban porque el único objetivo que tenían era destruir ese texto. A escala legislativa la división de poderes tampoco está fácil.

¿Qué se puede hacer entonces?

Mi sensación es que independientemente de lo que pase con la Constitución debemos seguir trabajando para implementar los avances legales de los últimos años. La reforma del Código de Aguas última es buena y en términos ambientales protege glaciares, humedales, tiene buenas medidas. La ley de Cambio Climático también y sobre todo la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a permitir por ejemplo no tener mineras en Parques Nacionales que hoy hay muchas.  Hay toda una legislación en la que se avanzó en los últimos 5 o 6 años y tenemos que presionar en su implementación.

¿Cuál es tu sentir ante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado?

Todo nuestro sector que estuvo ahí defendiendo causas sociales que tienen que ver con temas territoriales, de bien común, interés público y equidad está aún muy golpeado.

Particularmente cuando nos damos cuenta de que mientras en las calles ocurría toda la violencia que hubo, a nivel institucional se estaban escribiendo las leyes que expropiaba a todos los chilenos del agua, el mar, el borde costero, los recursos mineros. Eso al mundo ambiental lo vuelve a conmocionar sobre todo viendo un proceso constitucional tan difícil para lograr recuperar todo lo que fue usurpado.