La arremetida extractivista del ministro de Hacienda y el empresariado

Por: Pamela Poo y Patricio Segura | Publicado: 08.11.2023
La arremetida extractivista del ministro de Hacienda y el empresariado Imagen referencial / Agencia Uno
Es necesario sincerarnos como país. La realidad con la que nos enfrentamos día a día es que debemos mejorar nuestro vínculo con la naturaleza y las personas que de ella dependen. Continuar con el extractivismo sólo es seguir chocando con un techo concreto. Es hora de apostar por actividades que nos lleven a otro estadio de bienestar, como lo son las agricultura regenerativa, la soberanía alimentaria, la restauración de ecosistemas, la generación de servicios, la inversión en tecnología, una industria textil nacional, entre otras cuestiones que muevan el eje de un modelo, el nuestro, que está agotado como la monedita de oro que nos llevará al desarrollo.

A principios de octubre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalaba en una radio nacional que la no reactivación económica dependía en su mayoría de las decisiones del Ministerio del Medio Ambiente. Su opinión es clara: “A veces se cree que las inversiones se van a hacer igual, independiente de lo que uno les exija, pero no es así. Hay muchas firmas globales que siempre van a estar decidiendo si hacen el proyecto en Chile o en otra parte” consignaba El Mercurio, con un titular muy decidor: “El factor Maisa Rojas: La ministra que dificulta el esfuerzo reactivador de Marcel”.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo cierta prensa, aliada con el gran empresariado, la oposición y algunas autoridades de gobierno, han ido instalando la necesidad de modificar la legislación ambiental y sectorial para favorecer el desarrollo de proyectos de inversión. Como en años anteriores, esto significa en concreto fast track ambiental y flexibilizar la legislación. Algo complejo, considerando que en su visita a principios de año al país el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, señaló que “Chile debe promulgar una legislación que exige a las empresas que generan contaminación o que utilicen sustancias tóxicas aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos”. Algo totalmente contrario a lo que señalan El Mercurio y el ministro de Hacienda.

Cualquier persona interesada en lo público sabe que la política más que un estado, es una construcción. Lo que muchas veces se viste de verdad revelada, no es más que el intento de incidir en la realidad.

Las palabras del ministro Marcel lindan con la deshonestidad. Porque fue por su exceso de confianza que el 8 de marzo se rechazó la idea de legislar, en primer trámite constitucional, la Reforma Tributaria. Dentro de los errores estuvo impulsar el proyecto tras un mes de receso parlamentario y en el Día de la Mujer, fecha en que el Ejecutivo se despliega en torno a dichas reivindicaciones. Esto, además de no calcular que no contarían con los votos, check list que siempre se debe realizar.

Es así como se ha ido instalando entre cierto sector la necesidad de terminar con la “permisología”. Neologismo que se viste de término técnico pero que, cual caballo de Troya, conlleva una crítica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Pero, lo que no se dice, es que el modelo económico basado en la extracción de bienes de la naturaleza tiene un techo, además de depender de los vaivenes del mundo. El precio del litio y el cobre se han visto afectados a la baja, por el vaivén de la demanda mundial. El 22 de septiembre último la tonelada métrica de carbonato de litio se transó a US$ 21.301, cuando en noviembre de 2022 se cotizó en US$ 80 mil; mientras que, a principios de año, se hablaba de un valor del cobre en caída libre.

Por ello, culpar sólo a la inversión y/o mejoras en medidas ambientales del desempeño de la economía es una forma de no transparentar los múltiples factores que inciden en ésta.

Es en este contexto que los sectores productivos de Chile, que han gozado de libertad y ganancias descomunales, salen a golpear la mesa por medidas que el país requería con urgencia, como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, institucionalidad que velará por la salud de los ecosistemas del país y que proporcionan soporte vital para nuestra subsistencia, más aún ante la amenaza de la crisis climática y ecológica. No comprender aquello es no hacerse cargo de los acuciantes desafíos nacionales y de la humanidad, donde las y los científicos hacen un llamado a la urgencia para abordar dichas crisis.

Se ha dicho que los temas ambientales y sectoriales estarían siendo una traba para el crecimiento económico, algo muy distinto al desarrollo. Por un lado el Ministerio de Economía ha planteado en múltiples ocasiones que mejorarán la tramitación de los permisos sectoriales, cuestión que hasta ahora no se prevé más allá de los anuncios. Por parte del Ministerio del Medio Ambiente se ha explicitado que trabajan en una reforma al SEIA, que sería ingresada en diciembre, cuestión que si bien es importante en la línea de mejorar el estándar de la tramitación no es más urgente que fortalecer el ente fiscalizador como es la Superintendencia del Medio Ambiente, cuya precariedad ha sido constatada incluso por la Contraloría.

Otro ámbito es el de las guías del Servicio de Evaluación Ambiental. Estos documentos buscan orientar a los proponentes de proyecto para que realicen una tramitación más eficiente en cuanto a los nuevos elementos que van surgiendo en la sociedad. Esto, dado que la realidad no es estática sino cambiante, y los desafíos que imponen las crisis requieren de condiciones habilitantes para enfrentarlos. Este año, por ejemplo, hemos sido testigos de eventos climáticos extremos. Actuar responsablemente involucra reconfigurar las industrias y no continuar profundizando la crisis con sectores que no se renuevan.

El ministro Marcel debiera saber que un clásico del mundo empresarial es replegarse ante la inminencia de procesos políticos. El argumento siempre es el mismo: trae incertidumbres a sus decisiones, como fue el caso de los procesos constituyentes pasados y actual. En los cuales, es necesario reconocer, no han sido neutrales, siempre han actuado (comunicacional, política y financieramente) para que la balanza se incline a su favor; en el anterior, rechazo; en el vigente, a favor. El problema es que, bajo esta premisa, la de mantener el statu quo, nunca se superarán las desigualdades por las que la ciudadanía se ha movilizado. Lo paradójico es que el modelo actual es antesala de inestabilidad presente y futura, y eso sí que genera trabas para la inversión y no permite el ingreso de una visión que genere nuevas actividades.

Hay que ser claros. El Ministerio del Medio Ambiente ha tenido una tímida gestión en comparación con otras gestiones en torno a los desafíos medioambientales del país, por tanto, no es posible que el empresariado y el Ministerio de Hacienda le responsabilicen exclusivamente de la falta de inversión (si es que tal fuera real). Es cosa de detenerse a observar cómo están funcionando otras carteras encabezadas por hombres que no reciben critica alguna. En este caso es dable pensar que los comentarios poco acertados se originan en que su titular es mujer.

Es necesario sincerarnos como país. La realidad con la que nos enfrentamos día a día es que debemos mejorar nuestro vínculo con la naturaleza y las personas que de ella dependen. Continuar con el extractivismo sólo es seguir chocando con un techo concreto. Es hora de apostar por actividades que nos lleven a otro estadio de bienestar, como lo son las agricultura regenerativa, la soberanía alimentaria, la restauración de ecosistemas, la generación de servicios, la inversión en tecnología, una industria textil nacional, entre otras cuestiones que muevan el eje de un modelo, el nuestro, que está agotado como la monedita de oro que nos llevará al desarrollo.

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