Protestas masivas en Panamá ponen en jaque la explotación minera más grande de Centroamérica

Panamá vive un estallido social sin precedentes en su historia reciente: se estima que 70.000 personas protestan cada día en la calle, se han suspendido ligas de fútbol y hasta Leonardo Di Caprio se sumó al debate sobre lo que pasa en el país.

La razón no es la seguridad o la economía, sino un contrato minero aprobado por el Gobierno con la canadiense First Quantum, para explotar cobre por 40 años en medio del corredor biológico más importante de Mesoamérica.

“Panamá libre de minería” y “el oro de Panamá es verde”, son algunas de las consignas que se pueden ver en las protestas. La alerta pública comenzó luego de que, en menos de una semana, el Congreso panameño pusiera a andar un contrato minero elevado a ley, que entrega la operación de Minera Panamá al grupo canadiense.

Se trata de la mina de cobre más grande de Centroamérica, con 13.000 hectáreas y 8.000 empleos fijos, que se ubica a 80 kilómetros de la capital del país, en una franja de bosques que habilita el paso de animales como jaguares, águilas, ocelotes y tapires desde México hasta Sudamérica.

Protestantes reclaman que se le haya entregado una aprobación a la empresa, que explotó la mina durante cuatro años sin contrato vigente, con centenas de investigaciones por incumplimiento de su estudio ambiental, expropiando tierras de campesinos para instalarse y afectando el corredor biológico y las fuentes de agua superficiales.

Día clave

Ahora, todos los ojos están puestos en la Corte Suprema de Panamá, donde desde este viernes 24 de noviembre comienza una sesión permanente para tratar el caso del contrato minero.

El anhelo ciudadano es que el máximo tribunal del país declare inconstitucional la ley 406 que habilita el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de cobre.

Hasta el actor y activista ambiental Leonardo Di Caprio ha compartido en sus redes dicho llamado a la justicia panameña, mientras jóvenes y ambientalistas acampan fuera de la Corte hace días para ejercer presión y a la espera de la decisión que podría ponerle un punto final a la concesión minera.