Tras nueva ley, surgen las primeras cooperativas en que vecinos producen su propia energía

En el siglo XXI, la calidad de vida, el desarrollo humano y muchas de las actividades que hacemos dependen en gran medida de la electricidad. No solo prendemos la luz cada vez que anochece, sino que también utilizamos celulares, computadores, refrigeradores, cocinas eléctricas, aires acondicionados, entre un sinnúmero de otros dispositivos que condicionan nuestro diario vivir. Sin olvidar, por otro lado, que se impulsa la electrificación de distintos sectores, como el transporte, para hacer frente a una crisis climática que no da tregua.

Toda esta demanda de electricidad debe ser cubierta, mientras los países se ven obligados a transformar sus matrices energéticas para alejarse de los combustibles fósiles y transitar hacia las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Aunque las ERNC son necesarias para la descarbonización, los proyectos impulsados por empresas a gran escala pueden generar conflictos socioambientales. Se suman también otros problemas y desafíos, como la falta de acceso a la energía que afecta a un sinnúmero de comunidades en América Latina y el mundo, o la necesidad de tener una mayor eficiencia energética.

Es en este escenario que han surgido iniciativas como la energía comunitaria, una alternativa en la que la sociedad civil puede ser parte activa de la transición energética no solo para hacer frente a la crisis climática, sino también para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales.

La energía de la comunidad

Los significados del concepto de “energía comunitaria” son múltiples y flexibles alrededor del mundo, pero entendemos que el factor común son las comunidades energéticas. Estas son agrupaciones de personas interesadas en la generación de energía, cuyo objetivo principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos o sociales a la comunidad, a través de fuentes locales de energías renovables y sostenibles.

Aunque para algunos es un tema nuevo, desde 1970 se vio un fortalecimiento de las energías comunitarias en Europa, las que unas décadas antes habían comenzado utilizando, principalmente, la energía eólica en sectores rurales.

Estas fueron impulsadas por distintos factores, como las crisis de empleo, los problemas en el desarrollo rural, el espíritu comunitario sólido que existía en estas localidades y, por sobre todo, la preocupación en torno a los riesgos nucleares luego de los terribles accidentes de Harrisburg (1979) y Chernóbil (1986).

Sin embargo, este es un fenómeno emergente en Chile. En general, en América Latina existen pocos proyectos de energía comunitaria, aunque países como Costa Rica o Guatemala están mucho más avanzados. En tanto, en el país sudamericano existen alrededor de cinco proyectos de energía comunitaria en marcha. Todos ellos se han gestionado durante los últimos cinco años y han desarrollado plantas solares para producir energía eléctrica y beneficiar a distintas comunidades.

En la Región Metropolitana se encuentran dos de ellos: el primer proyecto de este tipo, la Planta Solar Buin 1, ubicada en dicha comuna, desarrollada por la Fundación Instituto de Ecología Política y que beneficia al Campus de Sustentabilidad del Centro de Formación Técnica de Medio Ambiente IDMA; y la planta solar de la Escuela Nueva Zelanda de Independencia, que beneficia a dicho recinto educativo y a un grupo de vecinos aledaños.

Mientras que los otros tres proyectos se ubican en las comunas de Petorca, en la Región de Valparaíso, y en Pichidegua y Las Cabras, en la Región de O’Higgins. Las últimas dos iniciativas fotovoltaicas han sido llevadas a cabo por la cooperativa de trabajo Coopeumo, y tiene por beneficiarios a escuelas, postas rurales y juntas de vecinos.

A excepción de la Planta Solar Buin 1, los proyectos se han desarrollado después de la aprobación de la Ley 21.118, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales. Esta normativa incluyó también el concepto de “net metering”, que se refiere a la posibilidad de generar la energía en un espacio distanciado del lugar que se beneficiará con esta misma energía.

El funcionamiento es el siguiente: la planta solar puede estar en el mismo recinto que se beneficiará (por ejemplo, en los techos de las casas), como puede no estarlo (por ejemplo, en un terreno municipal a kilómetros de la comunidad beneficiada), y la energía que allí se genera se inyecta al Sistema Interconectado Central, en el que las distribuidoras de electricidad (Enel, CGE, entre otras), son las encargadas de contabilizar la cantidad de electricidad que se está produciendo, darle el valor  correspondiente en pesos, para que a fin de mes el precio de la energía inyectada se descuente del cobro de electricidad individual de los beneficiados.

¿Por qué producir nuestra propia energía?

Manuel Baquedano, fundador y director de la Fundación Instituto de Ecología Política, cuenta por qué decidieron llevar a cabo la Planta Solar Buin 1: “Cuando comenzamos a pensar el proyecto, la energía solar no era algo que estuviera al alcance de las personas, era en parte implementada por empresas, pero no era tan popular como lo puede ser ahora. Entonces, quisimos desarrollar la primera planta solar comunitaria, porque la ciudadanía tiene que incorporarse en el proceso de descarbonización de la sociedad, y porque era primordial saber cuáles eran las cosas que había que modificar en la ley, y de hecho muchas de ellas se modificaron”.

Los proyectos presentes en la sexta región, en las comunas de Pichidegua y de Las Cabras, fueron llevados a cabo por la cooperativa Coopeumo. Ignacio Mena, el encargado de Redes y Tecnología de la cooperativa, explica que en Coopeumo “siempre estamos abiertos a aceptar tecnologías que nos ayuden con la gestión de nuestros socios. En 2020 nos contactó otra cooperativa, que es Red Genera, para hacer un estudio de prefactibilidad, y contábamos con todas las condiciones, así que lo hicimos”.

Además, agrega que “la energía comunitaria es importante porque obviamente reducimos la emisión de CO2 a la atmósfera, creamos conciencia, porque nosotros estamos insertos en una comunidad agrícola, en la que muchas veces se generan malas prácticas, tanto agrícolas como ambientales, entonces como cooperativa podemos también ser un ejemplo. Con conciencia de que Coopeumo, por ejemplo, tiene tres estaciones de servicio [de combustibles], pero que queremos hacer algo por minimizar los daños”.

En la otra vereda, el proyecto realizado en la comuna de Independencia en la RM es municipal. María Isabel Pérez, encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, explica que Independencia ha desarrollado una Estrategia Energética Local, que incluye la implementación de ERNC, porque tienen claro que la crisis climática es un tema de gravedad.

“La crisis climática se refleja en muchas áreas hoy en día, y no solo en lo ambiental, también en lo social. En el fondo, las comunidades más organizadas podrán resistir mejor los efectos del cambio climático. Y en ese sentido, la idea de este proyecto justamente es empoderar a las comunidades en temas energéticos. Tanto en la eficiencia energética como en las fuentes de energía que pueden utilizar”, comenta Pérez.

En materia de crisis climática y energía, el proceso de descarbonización que ha llevado Chile se ha enfocado en el recambio tecnológico, es decir, en intercambiar en este caso el carbón por gas, o en general, reemplazar las tecnologías tradicionales por energías renovables no convencionales, pero a gran escala.

Las renovables tienen dos grandes problemas, según explica la politóloga, magíster en Sociología y directora de Incidencia Política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo. El primero tiene que ver con la magnitud de los proyectos de ERNC.

“Un problema es la escala de los proyectos. Dejaron de ser proyectos pequeños. Hoy las mismas transnacionales que abandonaron las termoeléctricas a carbón están haciendo grandes proyectos energéticos. Y estos también tienen distintas consecuencias a nivel socioambiental, pero también está el tema de que falta regulación en Chile, o sea, no hay ordenamiento territorial, entonces se están colocando donde pueden. No existen muchas trabas y eso sí genera conflictos socioambientales”, asegura.

En segundo lugar, están los problemas ambientales derivados del extractivismo que se debe mantener para poder generar estos proyectos de renovables. “Para desarrollar proyectos de fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos, entre otros, Chile debe seguir explotando su territorio para que los países industrializados manufacturen el producto y luego nos lo vendan nuevamente. Esto no ayuda a mitigar, ni es tampoco un paso en la adaptación frente a la crisis climática. Al contrario, agudiza los problemas”, argumenta Poo.

Los desafíos que enfrenta la energía comunitaria

Además de ser el primer proyecto en su clase, Buin 1 cuenta con la particularidad de haber sido desarrollado cuando no existía la Ley 21.118, esto significó que para llevarse a cabo debieron ejecutar algunas maniobras.

“Lo que hicimos fue que la Fundación Instituto de Ecología Política, que no tiene un fin lucrativo, creó una sociedad por acciones, una SPA, y entonces creamos 100 acciones que la gente no podía acumular, y con eso desarrollamos la planta en muy poco tiempo”, explica Baquedano.

Luego de la aprobación de la Ley 21.118, otros proyectos surgieron, en su mayoría financiados con fondos de la Agencia de Sostenibilidad Energética del Ministerio de Energía. Ese fue el caso para la Municipalidad de Independencia y para la cooperativa Coopeumo en la Sexta Región.

Respecto al primer proyecto de Coopeumo en Pichidegua, Mena comenta que “la idea era tener una planta fotovoltaica para ayudar a los socios de Coopeumo, pero nosotros contamos con 350 socios aproximadamente. ¿Cómo distribuimos esa energía a un gran número de personas? O sea, el descuento iba a ser muy poco significativo. Entonces armamos una alianza público-privada, y decidimos beneficiar a nuestros socios, pero también a toda la comuna, a través de abaratar los costos de electricidad a una escuela y una posta rural”.

El desafío común con el que se encontraron los proyectos fue que las empresas distribuidoras de energía no estaban preparadas para comenzar con la implementación de la Ley 21.118, por lo que hubo retrasos en la inyección de la energía al sistema o en ver reflejados los descuentos correspondientes en las cuentas de electricidad cada mes.

“Hoy la planta ya está conectada, está en funcionamiento, y lo que estamos viendo son temas administrativos con Enel, para que el descuento aparezca en las boletas de los co-propietarios. Como esta ley es bastante nueva, Enel nos dice que tenían que prepararse los sistemas informáticos para el descuento, entonces hoy en día lo que hay es un gran pozo de todo lo que se ha generado, y cuando el sistema esté preparado se va a descontar eso a los vecinos”, cuenta Pérez, sobre los retrasos que han tenido para los beneficiarios de la planta de la Escuela Nueva Zelandia.

La urgencia de la autonomía energética

La energía comunitaria es una manera en que la ciudadanía puede hacerse parte de la transición energética justa, entendiéndola dentro de una transición socioecológica que es necesaria frente al avance de la crisis climática.

“Siento que falta muchísima comprensión de dónde estamos parados en este instante. Desde las autoridades no se está viendo la gravedad de la crisis ni incluyendo esto en las políticas públicas. Hay que ver a la Unión Europea, por ejemplo: se gastaron toda la plata que tenían para las pérdidas y daños [ocasionados por la crisis climática], es decir, si este año ocurren más desastres, tendrán que endeudarse para poder abordarlos. Entonces, falta un enfoque hacia la resiliencia, entender que si a la gente le falta energía el día de mañana, no cabe ninguna duda que se va a volver loca. O sea, se nos corta la luz por una hora y quedamos varados”, explica Poo.

Desde el mundo ambientalista se insiste en que es necesario diversificar la matriz energética, no solo con el objetivo de descarbonizar, sino también de brindar, en el mediano plazo, autonomía energética a la ciudadanía.

En esa línea, Baquedano sostiene que “el problema es que el progresismo a nivel mundial todavía piensa que con políticas de mitigación, o sea, disminución del impacto de la crisis climática, es posible trabajar. Y el problema es que el diagnóstico que tenemos algunos, y no solo algunos, sino desde el secretario general de las Naciones Unidas para abajo, es que el tiempo de la mitigación ya pasó, y tenemos que entrar a una etapa de adaptación. Y esa etapa de adaptación profunda requiere sistemas descentralizados pensando en los territorios donde habita la gente”.

La energía comunitaria es un pilar dentro de la transición energética justa, que permite un espacio para que la ciudadanía sea capaz de gestionar este tipo de proyectos. Sin embargo, es innegable que la industria energética seguirá existiendo. En ese sentido, la directora de Fundación Ecosur plantea ciertas preguntas en miras a la adaptación frente a la crisis climática, apuntando hacia el decrecimiento.

“¿En qué momento vamos a evitar el despilfarro? ¿En qué momento vamos a evitar estar cambiando permanentemente las tecnologías? Ese es el problema de esta voracidad que tenemos con respecto al consumo, porque todo esto nos está llevando a subir la apuesta, con poca dignidad humana, sin tratamiento de los derechos humanos y sin ser conscientes de los límites planetarios. Los recursos no son finitos y nos los estamos acabando”, concluye la politóloga, mientras distintos sectores impulsan una transición energética comunitaria, a pequeña escala, para impulsar el cambio.

Este trabajo fue producido con el apoyo de Climate Tracker y FES Chile