Magallánicos crean «comisión» ciudadana para controlar impacto del hidrógeno verde en región

Magallanes es una región que contiene un valor natural único no solo para Chile sino para el mundo: posee algunos de los mares más prístinos, los bosques más australes del mundo, una vasta estepa y dos millones de hectáreas de turberas que capturan más de 3 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, retrasando los efectos del cambio climático.

Estos ecosistemas, en su estado saludable, son el sostén de distintas actividades económicas clave para la región. Torres del Paine es el área protegida más rentable del país, mientras que  miles de pescadores dependen de la rica biodiversidad marina de las aguas magallánicas.

La región también es vista como un laboratorio natural y puerta de entrada a la Antártida por parte de la comunidad científica internacional, atrayendo actividades de investigación y desarrollo. Otra actividad tradicional de la región es la ganadería que, a pesar de tener un impacto en el medio ambiente, también depende de la salud de los suelos y pasturas para existir.

Pero autoridades nacionales tienen un plan distinto para Magallanes: están apostando por que la región se convierta en un polo de desarrollo de hidrógeno verde (H2V), con capacidad para producir hasta un 13% del H2V a nivel mundial. Esto requerirá instalar aerogeneradores, líneas de alta tensión, desaladoras, infraestructura portuaria y plantas de producción y almacenamiento de energía, a una escala capaz de transformar drásticamente la cara de la región.

Un modelo de exportación

El hidrógeno verde se posiciona como una alternativa a los combustibles fósiles, facilitando la transición energética. Pero la estrategia de Chile no tiene como foco principal limpiar la matriz productiva nacional, sino la de aquellos países que compren el H2V chileno.

Los principales objetivos de la estrategia nacional son producir el hidrógeno verde más barato del planeta para el 2030, y estar entre los 3 principales exportadores de este elemento en el mundo para el 2040.

“Magallanes tiene mucho para avanzar en energía: su matriz energética depende casi 100% de combustibles fósiles y hay zonas rurales aisladas que no están conectadas al sistema eléctrico. Se podría pensar un desarrollo energético para las necesidades locales y con una escala abordable para el territorio”, analiza la defensora ambiental magallánica Gabriela Simonetti.

“El problema es que se proyecta convertir a la región en un polo exportador de energía, porque eso exige una escala y magnitud de industria que pone en juego el valor que ya aporta Magallanes a la lucha climática mundial como sumidero de carbono a través de sus ecosistemas. No nos estamos preguntando si es justo que Magallanes absorba esa carga a favor de la transición energética del norte global”, reclama.

La preocupación expresada por Simonetti también se ve reflejada en la ciudadanía. En los diálogos participativos sobre el H2V impulsados por el Ministerio de Energía, se generó un mapeo de los riesgos e incertidumbres identificadas por las personas sobre el desarrollo de esta industria, demostrando el interés público por el impacto que tendrá el H2V en Magallanes. 

Gráfica: Javiera Muñoz. Fuente: Ministerio de Energía.

Gabriela no es la única en cuestionar el plan de hidrógeno verde para Magallanes desde una perspectiva de transición energética justa. Ella integra el Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes junto a 13 organizaciones locales que se unieron para asegurarse de que las y los magallánicos entiendan el cambio que se proyecta en el territorio y puedan decidir sobre él.  

Informar la magnitud del impacto

Hasta ahora hay un solo proyecto de hidrógeno verde que ha ingresado al proceso de evaluación ambiental en Magallanes, pero según información del Ministerio de Energía, ya están en carpeta al menos 12 proyectos para la región, relacionados a esta industria. 

Una de las principales demandas  del Panel Ciudadano de H2, es que no se tomen decisiones hasta que la población reciba toda la información sobre el impacto territorial proyectado, para analizarlo en su totalidad. Así lo han planteado en una carta al gobernador de la región, Jorge Flies, y en reuniones con autoridades locales.

“Este es el principal pedido que estamos elevando a las autoridades, que faciliten un mapa ilustrativo de la región para visualizar la transformación territorial en su conjunto y que no se evalúe solamente proyecto por proyecto, sino también que la gente pueda analizar el impacto acumulado de toda esta intervención”, explica Gabriela Garrido, vocera del Panel.

“Hay un compromiso del Gobierno tras ratificar el Acuerdo de Escazú, de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental. Esto no solo significa que haya información disponible, sino que el Estado debe cumplir un rol activo en gestionar esa información y difundirla. Ese compromiso se está incumpliendo en Magallanes con el tema del hidrógeno porque nos están haciendo decidir sin tener toda la información sobre la mesa”, agrega Simonetti.

Ciudadanía expectante

El objetivo principal del panel es contribuir al resguardo del patrimonio cultural y natural de Magallanes, incorporando aspectos socio-ambientales en instancias y procesos de toma de decisión relacionadas con la instalación de la nueva industria del hidrógeno en la región.

Entre las acciones que están llevando a cabo las organizaciones que integran el Panel, está la realización, en conjunto con ONG FIMA, de un taller de participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental, para formar a la ciudadanía y que esta se involucre en todos aquellos espacios que existen para  participar en las decisiones sobre este tema.  

Así también, están generando mesas de trabajo para analizar el proyecto de la primera planta de hidrógeno verde y combustibles carbono neutrales a escala industrial, Cabo Negro, que presentó la compañía HIF Global a evaluación ambiental el pasado mes.

El objetivo es que la ciudadanía se informe sobre el impacto ambiental del proyecto, y se puedan ingresar observaciones ciudadanas a este cuando inicie el proceso participativo, sirviendo como experiencia para participar en la evaluación de los otros proyectos que se presenten. 

Gráfica: Javiera Muñoz. Fuente: HIF Global

También están participando en el proceso de zonificación del borde costero, donde la ciudadanía define los usos que se pueden dar en los distintos espacios de la costa magallánica, incluyendo aquellos destinados a la industria del H2V.

Por último, se preparan para la consulta ciudadana a la que se someterá el Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Se trata de una hoja de ruta para el desarrollo de la industria a escala nacional, que está siendo elaborada por un comité estratégico y está cerca de presentarse. 

A futuro, un proyecto sobre el cual están expectantes, es el parque eólico Faro del Sur, que abastecerá de energía verde a la planta de Cabo Negro. El proyecto había sido presentado a evaluación pero fue retirado anticipadamente debido a la cantidad de observaciones, pero se espera que volverán a presentarlo pronto.

Democratizar las decisiones

Así, esta nueva organización está velando por dos importantes derechos de acceso que también están consagrados en el Acuerdo de Escazú firmado por Chile: el derecho a acceder a información ambiental, y el derecho a participar en las decisiones que se toman y que pueden impactar el medio ambiente. 

“El trabajo que está haciendo el Panel Ciudadano de Hidrógeno en Magallanes es un gran ejemplo de empoderamiento ciudadano para exigir soluciones y vocaciones de territorio que le hagan sentido a sus habitantes. La transición energética es una necesidad en Chile y el mundo, pero no puede ser impuesta. Por eso hablamos que la transición debe ser justa. Magallanes es un territorio que por sus condiciones geográficas y climáticas puede producir hidrógeno, sin duda, pero también es una región en la que se pueden potenciar la conservación, el turismo, incluso un desarrollo industrial en otra escala, sin necesidad de convertirse en un polo energético”, puntualiza Macarena Martinic, Coordinadora del área de Empoderamiento y Participación Pública en ONG FIMA.