Triunfo del En Contra esquiva retrocesos ambientales como privatización de glaciares

Una de las grandes críticas del proceso constitucional que se cerró con el plebiscito del pasado domingo fue el debate ambiental, donde diversos especialistas analizaron que el texto propuesto no significaba avances con respecto a la constitución vigente, y sí algunos retrocesos en protección ambiental.

Desarrollo y medio ambiente

Uno de los apuntes de especialistas en derecho ambiental sobre el texto propuesto era que condicionaba el cuidado del medio ambiente al impulso del desarrollo económico, con una visión contrapuesta y no clara sobre lo que significa el “desarrollo sustentable”.

Esto se podía ver, por ejemplo, en el artículo 11 de la propuesta en que leía que “es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo”.

El artículo establecía el deber del Estado de conservar la naturaleza, pero este deber “ya no se refiere únicamente al cuidado y conservación de los componentes ambientales, sino que a la consideración de promover el desarrollo”, generando un contrapeso para las obligaciones del Estado en materia ambiental, se concluyó en un informe elaborado por la ONG FIMA.

Esto, señalan, significaba incluso un retroceso con respecto a la Constitución vigente, donde “establece ese deber específico del Estado en la preservación ambiental, sin otro elemento a considerar”.

Derechos de agua

La propuesta también reforzaba “la naturaleza apropiable del agua”, según analiza el asesor legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, para el medio Mongabay Latam.

En una visión que comparten varios especialistas, la propuesta se desentendía de la última modificación al Código de Aguas donde se incorporaron condiciones para la gestión de agua como la prohibición de usar aguas en áreas protegidas así como excavar o romper glaciares para extraer sus aguas.

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, también alertó sobre esto en una columna de opinión donde explicaba cómo el texto hacía posible privatizar los glaciares, constituyendo derechos de aprovechamiento sobre las aguas “en todos sus estados”, incluyendo el sólido. Esto en contraposición con la última reforma al Código de Aguas, donde se prohíbe explícitamente constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares.