Restauración post incendio y cuidar los salares: Los desafíos ambientales de Chile en 2024

Tras un comienzo de año marcado por tensiones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el sector productivo, Mongabay Latam destaca los principales desafíos ambientales que enfrenta Chile este 2024, desde crear una red de salares protegidos ante la industria del litio, hasta implementar las medidas propuestas por el Gobierno como la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que también genera tensiones con el empresariado.

SBAP y presupuesto para áreas protegidas

Con la aprobación de la llamada “Ley de la Naturaleza” que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se concreta uno de los grandes pendientes que Chile mantenía en materia ambiental: un organismo público con dedicación exclusiva al cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad terrestre y marina.

Sin embargo, los expertos aseguran que son grandes los retos para implementar este servicio de manera adecuada y que pueda cumplir con las expectativas generadas. El primer desafío tiene que ver con el financiamiento.

Según precisó el Ministerio de Medio Ambiente a este medio, el presupuesto anual del SBAP asciende a 36 mil millones de pesos. Además se destinarán más de 15 mil millones de pesos para cubrir los gastos de implementación. “Estos últimos son transitorios y se han establecido para que refuercen el presupuesto de SBAP durante los primeros cuatro años”, señaló el ministerio.

Adicionalmente, también será traspasado al SBAP el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que depende de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo que hasta ahora se hace cargo de la administración de las áreas protegidas terrestres. Dicho presupuesto, bordea los 20 mil millones de pesos.

Por último, “dentro del presupuesto se consideran 2 mil 500 millones de pesos (más de  2 mil millones dólares) para financiar directamente actividades de conservación por parte de las comunidades aledañas a las áreas protegidas”, agregó el ministerio.

Con todo, y a pesar del incremento, los especialistas aseguran que los montos son insuficientes. De hecho, un estudio reciente realizado por el Centro de Estudios Públicos, calcula que la brecha o déficit de financiamiento del SNASPE es de al menos $66 677 millones, más de 75 millones de dólares, por lo que los 36 mil millones de pesos adicionales que tendrá el SBAP no serían suficientes para cubrir los requerimientos. 

“Todos los análisis concluyen que el presupuesto no da”, insiste Flavia Liberona, Directora Ejecutiva en Fundación Terram. “Ese es un gran tema para implementar la ley porque si no le pones financiamiento público no vas a poder sostener las áreas y no vas a poder cumplir los compromisos establecidos”, explica la experta.

Entre esos compromisos está no sólo hacerse cargo de las áreas protegidas terrestres y marinas, sino también del cuidado de la biodiversidad que está fuera de ellas.

María Isabel Manzur, miembro de la fundación Chile Sustentable y quien ha seguido de cerca la tramitación de la ley desde sus inicios, coincide en que el presupuesto “no es suficiente”.

Sin embargo, asegura que con el SBAP  ya creado y la ley que lo ampara promulgada, el Ministerio de Medio Ambiente podrá gestionar presupuestos adicionales destinados a que los países cumplan con el compromiso de proteger el 30 % de sus ecosistemas al 2030. “Sin ley y sin Servicio de Biodiversidad, no teníamos ninguna posibilidad de aumentar el presupuesto”, asegura.

Por otro lado, con la creación del SBAP, por primera vez una ley nacional establece reglas respecto de qué tipo de áreas protegidas pueden tener actividades productivas en su interior, bajo qué condiciones y cuáles no.

Dichas reglas, explica Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, son, en términos generales, las mismas que ya existían. Las áreas protegidas se regían hasta ahora por la Convención de Washington, un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile que establece, por ejemplo, que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales.

La diferencia, dice Larraín, es que dicha convención, al no ser una normativa nacional, “nunca tuvo la fuerza de la mano en la ley”. Por lo mismo, “a veces primaba y a veces no”, explica Manzur. Con la creación del SBAP,  la nueva normativa asegura una mayor protección que la que existe actualmente.

En la práctica, la ley establece que en las categorías más estrictas —reservas de región virgen, parques nacionales terrestres y monumentos naturales— está prohibida la explotación comercial de recursos naturales y la instalación de infraestructura industrial. Las reservas nacionales, las áreas de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas, en cambio, sí permiten esos usos, siempre y cuando no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos del área.

Es por eso, explica Larraín, que la implementación del SBAP enfrenta una gran tensión con el sector productivo, que ha criticado al gobierno, y específicamente al ministerio de Medio Ambiente, por “trabar” los proyectos de inversión. Para la experta, la pregunta es cómo implementará el Ministerio de Medio Ambiente estas nuevas condiciones, que hoy día son ley explícita, pero que siempre estuvieron.

En ese sentido, una de las tensiones más fuertes ha sido con el sector salmonero que tiene más de 400 concesiones al interior de áreas protegidas y mantiene en trámite otras 71. Según explica Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana, el problema radica en que “la industria salmonera quiere seguir creciendo, pero la realidad es que no hay espacio para seguir produciendo más salmones”. Para la experta, esa situación no ha querido ser aceptada por la industria. “Los ecosistemas están saturados”, asegura, “y el gobierno tampoco ha sabido decir que no hay más lugar”.

Ante este panorama, señala Liberona, la única posibilidad que tiene la salmonicultura para crecer son las áreas protegidas por lo que las tensiones están lejos de solucionarse, agrega el abogado Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, una ONG que representa jurídicamente a comunidades frente a conflictos socioambientales.

En opinión de van der Meer, lo que habría que hacer es “aclarar el tema y aceptar que esto es lo que estamos produciendo y que seguramente esta va a ser la producción eterna que va a tener el país, e incluso menos para que los ecosistemas aguanten a largo plazo”. Sin embargo, agrega, “esa discusión no se ha dado, no se quiere dar, no se quiere abrir, nadie quiere decir que en realidad no hay más lugar”.

Por otro lado, el desafío no está solo en proteger las reservas marinas de las nuevas concesiones que buscan instalarse al interior de ellas, sino también retirar las que ya están otorgadas incluso al interior de parques nacionales, la categoría más estricta de conservación.

En ese sentido, en diciembre el gobierno anunció un acuerdo alcanzado con las empresas Aqua Chile y Cooke Aquaculture Chile para retirar y relocalizar nueve concesiones que operan al interior y en las cercanías de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins.

Con ello, tres de los cuatro parques nacionales y zonas adyacentes en los que existe actividad acuícola industrial quedarán libres de salmonicultura, aseguró. Las relocalizaciones, además, no implican el ingreso de tales concesiones a otras zonas que tengan alguna categoría de protección.

Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por las organizaciones ambientales que acusan falta de transparencia en la información. La razón es que el acuerdo se dio pocos días después de concretarse una serie de reuniones entre ministros y empresarios salmoneros en casa del lobbyista Pablo Zalaquett, sin que estas quedaran registradas como exige la ley de Lobby.

Reformar el SEIA

La labor de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha sido cuestionada por sectores empresariales por la demora de los permisos para los proyectos de inversión. Incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entró en el debate cuando reconoció que se trata de un tema que “preocupa y casi desespera”.

Para resolver este problema, procurando proteger al mismo tiempo el medio ambiente, el gobierno ingresará una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre los puntos más importantes de la propuesta, está que los proyectos ingresen a evaluación mejor sustentados para evitar así la demora en las adendas y disminuir la intervención política en las evaluaciones para que primen los aspectos técnicos.

Según Sara Larraín, en general la autoridad cumple con los plazos. El problema, explica, es que “muchas veces los titulares de los proyectos suspenden el proceso, piden plazo para las adendas y a veces pueden demorarse hasta un año para volver a presentarlo. Liberona comenta que las demoras se deben a que “hay un problema con la calidad de los estudios”. Es por eso que la reforma plantea que los proyectos que se presenten deben estar mejor elaborados y establecer límites de tiempo tanto para los titulares como para los funcionarios públicos.

Para Larraín se trata de una buena propuesta porque “después resulta que tienes al aparato público trabajando por años para los privados mejorándoles los proyectos y la verdad es que la sociedad no tiene por qué gastar recursos públicos en mejorar los proyectos a las empresas, sino que debiera ser que entren ya con el máximo de las cosas resueltas”.

Respecto a la disminución de la intervención política, la reforma al SEIA elimina el Comité de Ministros, que está integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Agricultura, de Energía y de Minería. Dicho Comité tiene por función, entre otras cosas, resolver los recursos de reclamación que se presentan en contra de resoluciones que rechazan o establecen condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental.

Según Larraín, su existencia se justificaba cuando antes de que se creara el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), existía la Comisión Nacional de Medio Ambiente que coordinaba los permisos de los distintos ministerios en el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, cuando se creó el MMA —con autonomía política y con el mismo rango que otros ministerios— “siguió teniendo esta especie de comisario político que le tiene que aprobar todo. Es como que los ministerios productivos están ahí para controlar que el de Medio Ambiente no exija mucho. Es totalmente disfuncional porque implica que el MMA tiene una autoridad que lo controla, que es este Comité de Ministros. No corresponde”, asegura la experta.

Por lo mismo, Costa coincide en que eliminar el Comité de Ministros es una medida acertada. “No corresponde que los ministros de Estado sean los que resuelvan sobre un proyecto en específico, si se aprueba o se rechaza”. Liberona en tanto, concuerda, aunque prefiere mantenerse cauta y esperar el texto de la reforma. “La idea nos parece bien, pero hay mucha maña en la redacción de las leyes entonces preferimos esperar el articulado”.

Recuperar los ecosistemas dañados

“Si nosotros queremos llegar a la carbono neutralidad al 2050, como está en la Ley de Cambio Climático, a los compromisos que hemos suscrito, tenemos que evitar los incendios forestales”, dice Liberona. En ese sentido, asegura, “no se ha hecho nada”.

Aunque el gobierno lanzó el Plan Nacional de prevención, mitigación y combate de incendios para el periodo 2023 – 2024, que consiste en un paquete de medidas que incluye un alza histórica en el presupuesto destinado a este tipo de siniestros por más de 148 mil millones de pesos, uno de los puntos que se requiere atender con urgencia tiene que ver con las plantaciones forestales, aseguran los expertos.

Especialistas ya han demostrado ampliamente la necesidad de diversificar los paisajes, es decir, de evitar las enormes extensiones de plantaciones de pinos y eucaliptos que son proclives a quemarse. La alternativa es tener, en cambio, mosaicos con distintos usos de suelo que actúen como cortafuegos. Sin embargo, eso todavía no se ve en los territorios.

Mauro González, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² en la línea de cambio de uso del suelo, destaca que “la ley de incendios que está siendo discutida en el Congreso tiene un apartado que incluye actividades agroforestales, de tal manera que se tengan plantaciones mucho más abiertas, menos densas y combinadas con sistemas silvopastorales”. Eso, dice, “es un punto de avance”, sin embargo, asegura que “sin duda hay mucha presión actualmente por seguir forestando con especies de rápido crecimiento [pinos y eucaliptos] especialmente en las áreas que han sido quemadas”.

Según explica el experto, junto con la mayor resiliencia a los incendios, a las sequías y a las plagas y enfermedades que permite la diversificación del paisaje, regular más el sector forestal también tiene que ver con avanzar en seguridad alimentaria.

Para ello, plantea, “se requiere que el Estado coloque sobre la mesa los incentivos correspondientes para que los entes privados, propietarios particulares, puedan desarrollar actividades socioeconómicas alternativas, más sustentables y en sintonía con los impactos negativos del cambio climático. Pero esa mirada integral y estratégica, dice González, “requiere de un Estado con gran liderazgo y capacidad de coordinación interinstitucional para alinear intereses públicos y privados”.

Por otra parte, Chile se comprometió a restaurar para el 2030 un millón de hectáreas a lo largo del país, pero eso va a un ritmo muy bajo, aseguran los expertos. “Estamos lejos de eso, muy lejos”, dice Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

Además, a los expertos les preocupa el desarrollo de proyectos que, según señalan, van en contra de los compromisos adoptados por Chile en temas de biodiversidad. Uno de ellos es la construcción de una carretera que se proyecta en medio del Parque Nacional Alerce Costero, un área protegida que conserva una de las especies arbóreas más longevas del mundo, el alerce (Fitzroya cupressoides), considerado En Peligro tanto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como por el propio Estado de Chile.

De hecho, científicos publicaron una carta en la revista científica Science denunciando que este proyecto vial no sólo pondrá en mayor riesgo a una especie ya amenazada, sino que también aumentará la proliferación de incendios, la introducción de especies invasoras y la tala ilegal en un área que tiene, supuestamente, la categoría de protección más alta.

Para González, es necesario repensar la manera en que se enfrentan los diferentes desafíos técnicos, sociales y económicos asociados al proceso de restauración ecológica. “Para toda esta labor necesitamos equipos capacitados que puedan abordar no solamente el tema ecológico, sino el tema social y económico que son aspectos claves para la viabilidad y éxito de cualquier proceso de restauración”.

Además, en los últimos años, los ecosistemas del país, principalmente los del sur, enfrentan una nueva amenaza: la expansión inmobiliaria. “Se está expandiendo una forma de uso del territorio para viviendas en áreas de alto valor de biodiversidad”, dice Larraín, mediante un mecanismo de parcelación, o división del territorio, en que cada parcela puede tener una superficie desde los 5000 metros cuadrados [media hectárea]. Esto, explica la experta, se traduce en “una fragmentación de los ecosistemas que claramente va hacia una amenaza”.

Asociado al proceso de expansión de loteos, agrega González, “hay un proceso de tala pequeña de bosque y de otras formaciones vegetales, rellenos de humedales que van cambiando los ecosistemas, van degradándolos”.

Ejemplo de ello es lo ocurrido en diciembre pasado en el Bosque Pantanoso, que es parte del sistema de humedales Las Quemas, en la ciudad de Osorno, al sur del país. Este ecosistema fue rellenado por una empresa constructora luego de que el Tribunal Ambiental anulara la protección que en 2022 se le había dado al lugar con la categoría de humedal urbano.

“El impacto social y ecológico (de las parcelaciones) es brutal”, dice González, y “se generan no solamente impactos ambientales, sino conflictos sociales”. Según Gonzalez, “las comunidades aledañas que dependen del agua, de la biodiversidad y de actividades y emprendimientos turísticos, deben comenzar a convivir con loteos de gente que llega desde distintos lugares con otras formas de vida, otros requerimientos y otras demandas”.

En la vía de resolver este problema, el Ministerio de Agricultura está buscando elevar el requisito mínimo para realizar subdivisiones agrícolas de media hectárea a dos hectáreas. Pero para González, esto no es suficiente. “Tiene que existir una regulación que va más allá del tamaño, sino que se debe considerar aspectos culturales, ecosistémicos, y de seguridad alimentaria, entre otras consideraciones territoriales”.

«Se requiere legislar, reglamentar porque si no vamos a convertir el país en un tablero de ajedrez, con los consecuentes impactos en el riesgo de incendios, colonización de especies invasoras, pérdida y degradación del bosque nativo, todo en desmedro de la provisión de servicios ambientales fundamentales como el agua y la capacidad de almacenamiento y secuestro de carbono”, aseguró.

Salares y fiebre del litio

La Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, trae consigo importantes desafíos para asegurar que la salud de los salares no se vea perjudicada a raíz de este plan que busca transformar al país en el principal productor de litio del mundo.

En ese sentido, la creación de una red de salares protegidos y de un instituto de investigación para estudiar estos frágiles ecosistemas son clave y forman parte de la estrategia. El reto ahora, dicen los expertos, es implementarlos lo suficientemente rápido para que vayan a la misma velocidad que los negocios que ya se están organizando con miras a aumentar la explotación del litio en el país.

Así lo expresa la investigadora Cristina Dorador, experta en el estudio de los salares. “Esperamos que se avance mucho más rápido en generar información porque está todo ocurriendo a muy corto plazo entonces sin tener información de calidad e independiente se pueden tomar decisiones erradas en lo ambiental”, explica.

De hecho, algo que le inquieta a Dorador es cómo se evaluarán ambientalmente los proyectos que comiencen a presentarse. “A mí me preocupa mucho qué va a pasar”, dice. “¿En base a qué se va a evaluar? ¿Cuáles son las guías ambientales que va a haber?”, se pregunta. Por eso, insiste, “hay que apurarse mucho en generar información y evaluar los impactos de forma científica y no solamente por lo que las empresas creen que pueda o no pueda pasar”.

Y es que otro punto que preocupa a los científicos es la confianza depositada en la tecnología, particularmente en la técnica de extracción directa del litio que según las empresas, reduciría los daños ambientales sobre los salares. Expertos aseguran, sin embargo, que esa tecnología no ha sido evaluada y no es posible aún saber si tiene o no impactos en los ecosistemas. Las decisiones que se tomen, insiste Dorador, “tienen que ser basadas en evidencia sobre todo en estos ecosistemas que son tan frágiles”.

Nueva ley de pesca

En diciembre, el Presidente Gabriel Boric anunció una nueva ley de pesca. El proyecto busca principalmente restablecer la confianza en la normativa que rige el sector pesquero puesto que la actual normativa fue tramitada en el contexto de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país, por lo que el objetivo es que la nueva ley “se fundamente en estándares éticos que no pongan en duda su legitimidad”, sostuvo la Subsecretaría de Pesca.

“Esta ley —legítima democráticamente— está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima”, dijo el mandatario en su discurso que dio el puntapié inicial al proceso legislativo.

César Astete, director de pesquerías de la ONG Oceana, sostiene que existen ciertas consideraciones que la nueva ley de pesca debería contener de todas maneras. Lo principal, dice, es que “bajo ningún punto de vista se puede retroceder en aspectos como el principio precautorio, el enfoque ecosistémico y los comités científicos”.

Por otro lado, el experto destaca que será necesario revisar exhaustivamente el texto para evitar que queden vacíos que permitan que luego se incumplan las recomendaciones de los comité científicos tal como ocurrió con la pesquería de la merluza austral. Cabe recordar que el Segundo Tribunal Ambiental determinó la ilegalidad en el aumento de la cuota en 2019 de ese recurso debido a la ausencia de fundamentos científicos.

“Vamos a estar muy atentos a que todos estos componentes sean incorporados de buena forma. Vamos a necesitar clarificar a qué se refieren,en cada apartado y concepto, para que no tengamos después situaciones como esa donde, a partir de algún mecanismo artificial, se termina yendo en contra del espíritu de la ley”, sostuvo Astete.

Por último, de acuerdo con el experto, la nueva ley “debería contener mecanismos para que la pesca artesanal pueda seguir realizándose en el territorio nacional” y generar modificaciones que permitan que las pesquerías logren recuperarse. Recordemos que el 57% de las pesquerías en Chile se encuentran sobreexplotadas o agotadas, según datos de la Subsecretaría de Pesca.

Por lo mismo, está cada vez más presente el sentimiento entre pescadores artesanales de que su oficio es uno en vías de extinción. “Cada año es más complicado y ya casi nadie quiere ser pescador”, le dijo a Mongabay Latam, el presidente del sindicato de pescadores de Cocholgüe, Omar Méndez. “El papá que tiene hijos jóvenes ya no quiere que estos sean pescadores. Está quedando gente que lo menos que tienen son 40 años, de ahí para arriba. No hay renovación”. En ese sentido, en opinión de Astete, “la ley debería incorporar una opción preferencial por la pesca artesanal”.

Esta nota es parte de una alianza entre Bienes Comunes y Mongabay Latam. Lee la nota original aquí.