Más de 2 millones de personas de sectores rurales beneficiadas con rebaja de tarifa de luz

Por: Matias Rojas | Publicado: 24.01.2024
Más de 2 millones de personas de sectores rurales beneficiadas con rebaja de tarifa de luz Sector rural (Imagen referencial) / Agencia Uno
El Senado despachó una ley que rebaja las tarifas eléctricas a los servicios sanitarios rurales, que proveen de agua potable a más de 2 millones de personas en zonas rurales o aisladas.

Los aumentos de las cuentas de la luz son un riesgo para todos los habitantes del país, mientras que por el momento se encuentran congeladas desde octubre del 2019, por lo que se espera un posible aumento desde el 8 al 88% según la Comisión Nacional de Energía (CNE), aunque el gobierno ya anunció una ley corta de estabilización.

En ese contexto, la aprobación en el Senado, ayer 23 de enero, de una ley que rebaja las tarifas eléctricas a los servicios sanitarios rurales (SSR) generaría disminuciones directas en las cuentas de luz de más de dos millones de personas que viven en sectores rurales o zonas aisladas.

SSR

Los SSR son organizaciones comunitarias que proveen de agua potable y saneamiento a las zonas rurales del país, donde no hay empresas sanitarias que cubran la demanda.

Estos servicios son administrados, operados y mantenidos por comités o cooperativas de usuarios, y que gracias a la ley despachada podrían experimentar una rebaja en las cuentas de electricidad de hasta un 19%, lo que representa una disminución significativa de sus gastos operacionales. Un alivio a la carga financiera de socios, usuarios y familias de sectores rurales, mejorando su calidad de vida y proporcionando una mayor estabilidad económica.

Rol social

Además, la ley ya despachada reforzará el rol social de los SSR, debido a que, al no perseguir fines de lucro, los saldos a favor de estos servicios podrán destinarse también a mejoras en instalaciones, equipos, insumos y remuneraciones del personal.

El proyecto de ley, que contó con el patrocinio de los ministros de Energía y de Obras Públicas, busca aliviar la carga financiera de los usuarios y las familias de sectores rurales, que dependen de las organizaciones comunitarias para acceder a este servicio básico.

El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el fin social del proyecto, que surgió como una moción parlamentaria y que recibió el respaldo transversal de ambas cámaras. “Los servicios sanitarios rurales cumplen un fin social fundamental a la hora de llevar este bien, que es un derecho humano, a los ciudadanos y ciudadanas de sectores rurales”, aseguró.

Sostenibilidad financiera

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, recordó que este año se cumplen 60 años desde que se creó el Programa Nacional de Agua Potable Rural en Chile y que entre los desafíos está la sostenibilidad del sistema. “Uno de los elementos esenciales es buscar la sostenibilidad financiera de estas organizaciones comunitarias y, en ese sentido, quiero recordar que más del 80% de ellas son organizaciones de menor tamaño que tienen 300 o menos arranques o conexiones. Por lo tanto, asegurar la sostenibilidad técnica para tener continuidad, calidad y cobertura en el servicio y además la sostenibilidad financiera es crucial”, afirmó.

La secretaria de Estado añadió que este proyecto de ley “va directo a la vena en términos de hacerse cargo de un elemento que es muy determinante en los resultados y en los gastos que tienen los Servicios Sanitarios Rurales y que es el gasto en energía, en particular cuando corresponde en la tarifa de punta”.

La diputada representante de la región de Coquimbo, una de las más afectadas por la sequía, Nathalie Castillo, fue una de las patrocinantes de la moción parlamentaria y afirmó que esta medida ayudará al bolsillo de muchas y muchos, “pero también, en un escenario de profunda sequía que afecta a nuestro territorio en las distintas provincias de la región, donde un recurso tan elemental como el agua escasea, las APR cumplen un papel fundamental de proveer el agua a la comunidad. Este es un gran avance que ayudará a estas organizaciones sin fines de lucro a no tener un costo extra en sus operaciones”.

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