Nuevas reglas para proyectos de inversión: Deben contemplar cambio climático y Acuerdo de Escazú

Para la evaluación ambiental de proyectos de inversión, el actual reglamento se escribió en 2012 y se modificó por última vez en el 2014. Desde entonces, hasta ahora, las condiciones climáticas del planeta han cambiado, y el conocimiento sobre los escenarios a los que nos dirigimos a raíz del calentamiento global también.

Además, en 2022 Chile firmó el Acuerdo de Escazú, en que los países de América Latina y el Caribe se comprometen a tomar medidas para cuidar a quienes defienden el medio ambiente, y garantizarle a sus ciudadanas y ciudadanos el acceso a información sobre medio ambiente, y a participar en las decisiones ambientales del país.

Para ponerse a tono con estas transformaciones, el primer día de febrero se publicó en el Diario Oficial una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que trae claridad y nuevas obligaciones a las empresas titulares de proyectos.

El decreto obliga a todos los proyectos de inversión que se presenten desde ese día en adelante, a tomar medidas para adaptarse a la sequía, calor y eventos extremos que trae el cambio climático, además de facilitar a las comunidades el acceso a información clara sobre el proyecto y a participar en su evaluación.

Nuevas disposiciones

Con las modificaciones al reglamento del SEIA, se considerará como parte de la evaluación si el proyecto propuesto es vulnerable o resiliente ante el cambio climático y sus implicancias: falta de agua, temperaturas extremas, lluvias torrenciales, crecidas de ríos, etc.

Además los titulares deberán considerar y mitigar los impactos que tengan sobre ecosistemas que son sumideros de carbono (que capturan el CO2 de la atmósfera reduciendo el calentamiento global) y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Para facilitar que la ciudadanía entienda los impactos del proyecto y pueda decidir sobre ellos, el reglamento exige que el nombre y la formulación del proyecto estén escritos en lenguaje claro y fácil de entender, y que se instalen carteles en lugares visibles del sitio del proyecto con información para la ciudadanía.

Otra disposición que agrega, es la exigencia de implementar monitoreos participativos para que la comunidad pueda hacer un seguimiento fácil de las etapas, reportes y mediciones y todo lo que de cuenta del desarrollo del proyecto.