Por robo de agua en zona de sequía: Multan a sanitaria por extracción ilegal en Quilimarí

Aguas de San Isidro es una empresa sanitaria que ha protagonizado una serie de denuncias ciudadanas apuntando a deficiencias en el servicio: humedales contaminados y peces muertos, cortes de agua potable y hasta una “lluvia de caca” son algunos de los episodios.

Ahora, la sanitaria protagoniza una nueva polémica luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) le aplique una multa de $130 millones por extracción ilegal de agua en el río Quilimarí. El caso se da en la región de Coquimbo, actualmente declarada zona de riesgo sanitario por la severa sequía que está dejando sin agua los embalses.

La multa surge de una fiscalización realizada en 2022, donde la DGA constató la construcción de dos pozos alterando el cauce del río y construidos sin la necesaria autorización de la municipalidad de Los Vilos, la descarga de efluentes de la planta de tratamiento sin recubrimientos que impidan la infiltración, y el robo de agua.

La multa inicial evaluada por la DGA fue duplicada debido a dos agravantes: la zona donde se encuentran las captaciones de agua estaba declarada como Zona de Prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, y también bajo decreto de Escasez Hídrica.

Coquimbo es una de las pocas regiones donde las lluvias de 2023 no llegaron, y fue declarada zona de riesgo sanitario por la falta de agua.

La provincia de Choapa, donde se encuentra el Quilimarí, es la que tiene más agua acumulada, aunque agricultores afirman que el nivel alcanza solo para uso humano, dejando a la actividad agrícola y ganadera en crisis.

Comisión investigadora

Desde diciembre de 2023, un grupo de diputadas y diputados están analizando las actuaciones de servicios públicos en relación a la empresa sanitaria y las denuncias de servicio deficiente y riesgo sanitario en cinco regiones.

Este viernes, dicha comisión investigadora sesionará en terreno en Quilimarí para conocer sobre esta situación en específico, y luego en Los Molles, donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios está evaluando suspender la concesión de la sanitaria.

La comisión tiene 60 días hábiles desde comenzada su labor, para emitir un informe sobre cómo actuaron los servicios públicos ante las denuncias. Según los diputados que solicitaron crear una comisión, los casos no solo develan un servicio deficiente sino la descoordinación de organismos públicos al fiscalizar las distintas situaciones.

La sanitaria entrega servicios a más de 30.000 clientes en las 14 concesiones que tiene en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.