Que la justicia cuide a los defensores ambientales: El debate que se toma la COP de Escazú

Amenazas, intimidación, encarcelamiento y hasta muertes misteriosas son algunas de las situaciones que han sufrido en Chile las personas que defienden el medio ambiente, por lo general enfrentándose a grandes proyectos industriales que deterioran los ecosistemas y modos de vida de sus comunidades.

Este 22, 23 y 24 de abril, el país recibirá a ambientalistas y autoridades de la región en la COP del Acuerdo de Escazú. Justamente, el foco del encuentro será redactar un plan de acción con lineamientos para que cada país pueda reducir la violencia contra defensores y defensoras ambientales y proteger su labor.

En entrevista con El Desconcierto, Graciela Martínez, encargada de las campañas de América de Amnistía Internacional, explica cómo el plan puede ser un primer paso clave para que los países de la región hagan cambios concretos en la vida de quienes defienden el medio ambiente.

¿Cuáles son las expectativas para este plan de acción?

La expectativa es que sea lo suficientemente fuerte para que ayude a los Estados a contrarrestar la grave situación que viven las personas que defienden la naturaleza en la región. Enfrentan riesgos reales de asesinato, ataques y violencia a sus familias. Disminuir ese riesgo implica varias aristas. Por ejemplo, en sus informes Amnistía Internacional ha recomendado a los países la importancia de que haya un reconocimiento oficial y una valoración de la labor pública que ejercen los defensores ambientales. También se ha recomendado que haya consecuencias para aquellas autoridades que criminalizan a estas personas y que estigmatizan su rol en declaraciones públicas. Esto para que puedan continuar con su defensa sin temor a represalias.

¿Qué pasa con los países que aún no firman el acuerdo?

Esta es una preocupación de la organización ya que aún hay Estados que no son parte del acuerdo y que están entre los países más letales para defensores de derechos humanos y del medio ambiente, como Colombia, Brasil, Perú, Honduras o Guatemala, entonces no hemos observado esfuerzos en esos países para revertir la situación. Sí hay esfuerzos de organizaciones, pero es urgente que los países se comprometan a la mayor brevedad con este acuerdo para implementar cambios.

¿Qué otros pilares del acuerdo podrían mejorar la situación de la defensa ambiental en la región?

Un punto fundamental, que es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, es mejorar el acceso a información ambiental. Se trata de uno de los problemas que hemos visto en Latinoamérica, en particular para comunidades indígenas que se enfrentan a proyectos económicos con impacto ambiental, y que una de las mayores demandas que tienen es poder acceder a información sobre cómo estas actividades deterioran los ecosistemas. Otro aspecto relevante es el alto nivel de impunidad que ha habido en la región para las agresiones a defensores ambientales. Estos casos en su mayoría no se resuelven, y si quedan así los agresores no tienen temor en repetir o en atacar a defensores porque no hay una rendición de cuentas. Este aspecto es fundamental tenerlo en cuenta para implementar el acuerdo en cada país.

¿Cómo es la situación de Chile con respecto a la región?

Amnistía Internacional se ha manifestado en varias ocasiones por agresiones a defensores y defensoras del medio ambiente en Chile, donde se han constatado situaciones de riesgo para colectivos y organizaciones que se dedican a esto. Ha habido avances concretos como el reciente anuncio de un protocolo para tratar los casos de violencia contra defensores ambientales. Hay que ver si realmente esto en la práctica es efectivo y contribuye a reducir los riesgos que viven estas personas.