/ José Gerstle
Entre las propuestas del Grupo de Trabajo Patagonia Mar y Tierra se cuenta la Protección del Patrimonio Natural, reconociendo el deber del Estado en esta materia e incorporando la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático; reconocer la naturaleza como un bien común; e incorporar el enfoque ecosistémico en la planificación territorial a lo largo de todo el país, tanto a nivel terrestre, marino como insular.
Lograr que el aporte y la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres del país, y en particular de la Patagonia Chilena, puedan ser considerados en la discusión constitucional es uno de los objetivos que se encuentran impulsando las organizaciones de AUMEN, Centro Ballena Azul, Fundación Melimoyu, Fundación Omora, Fundación TERRAM, Round River y WWF Chile, las cuales son parte del Grupo de Trabajo Patagonia Mar y Tierra (PMyT).
En este sentido, y a días de celebrar la elección de los convencionales constituyentes este próximo 15 y 16 de mayo, la agrupación compartió un Documento de Propuestas de Contenido para una Nueva Constitución, las que tienen como eje central el impulso de un modelo de desarrollo que permita una sociedad más justa, descentralizada, con igualdad de oportunidades, derechos y también deberes, incorporando además la protección de la naturaleza para las presentes y futuras generaciones.
“Este proceso constituyente abre una oportunidad histórica para que los temas ambientales ocupen un sitial prioritario en nuestra Carta Fundamental, respondiendo a una necesidad creciente de las comunidades y los territorios. En el caso de la Patagonia Chilena, específicamente, queremos que se pueda relevar también su importancia en términos de biodiversidad y aporte contra el cambio climático, no solo en beneficio de sus habitantes, sino que de todo el país y el mundo”, señalaron desde PMyT.
Entre las propuestas del grupo se cuenta la Protección del Patrimonio Natural, reconociendo el deber del Estado en esta materia e incorporando la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático; reconocer la naturaleza como un bien común; e incorporar el enfoque ecosistémico en la planificación territorial a lo largo de todo el país, tanto a nivel terrestre, marino como insular.
Destaca en este sentido, la propuesta de reconocer el carácter de bien común que presenta cada uno de los componentes de la naturaleza, no siendo posible su apropiación, así como también el deber del Estado de garantizar la protección, uso, acceso y aprovechamiento de los componentes naturales a todos sus habitantes y administrarlos en beneficio de la comunidad (sociedad).
Puedes revisar en detalle las propuestas completas aquí.
