Parcelaciones y loteos: Continúa disputa entre municipios rurales y parceleros

Ante la creciente puja entre el Ministerio de Agricultura y parceleros por la subdivisión de predios rurales que serían para uso inmobiliario y no agrícola, el Gobierno presentó un plan para regularizar las parcelaciones rurales. La propuesta fue celebrada por la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), quienes según afirman en un comunicado llevan años luchando contra las consecuencias de loteos que se hacen en lugares sin condiciones para ser habitados. Desde el gremio Chile Rural, que agrupa a inmobiliarias y parceleros, se declararon en contra de la iniciativa. 

Las propuestas del Ministerio de Vivienda (MINVU) surgen a raíz de la preocupación por el aumento de solicitudes de subdivisión de predios rurales y las amenazas que esto supone en materia de suelos agrícolas, medio ambiente y disponibilidad de agua. Los cambios propuestos buscan precisar las competencias del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) al certificar el cumplimiento de normativa vigente cuando hay solicitudes de división, así como establecer la obligación de presentar documentos que acrediten la explotación agrícola del predio inmueble cuando se soliciten permisos de edificación.

El MINVU abrió además un período de consulta ciudadana hasta el 23 de octubre, donde se pueden enviar sugerencias. La AMUR, según el comunicado, apoya las medidas adotpadas por el Ministerio de Agricultura de dar cumplimiento a la legislación vigente, y también se muestran de acuerdo en trabajar de forma colectiva en el nuevo instructivo junto al MINVU y al SAG. También destacan la necesidad de contar con mayor capacidad de fiscalización para hacer efectivas las medidas. 

Desde el gremio Chile Rural, que agrupa a parceleros e inmobiliarias, se mostraron en contra de la iniciativa declarando que las modificaciones reglamentarias que se pretenden son ilegales e incluso inconstitucionales, además de estar negando a las personas la libertad de elegir dónde vivir.

Un conflicto que continúa

La polémica comenzó hace unos meses, cuando el SAG emitió una circular y un oficio que suspenden la certificación para subdividir predios rústicos, evitando urbanizaciones que conlleven un cambio de uso de suelo agrícola. Ante la situación, se conformó el gremio Chile Rural, y varias inmobiliarias presentaron recursos de protección ante la justicia, además de solicitar un pronunciamiento de Contraloría; organismo que decidió no tomar una posición hasta que no terminen los procesos judiciales. 

Para quienes defienden las medidas propuestas por el Ministerio, se está mejorando la interpretación de la legislación vigente que busca que el desarrollo inmobiliario se realice dentro del marco de la planificación territorial, y que se fortalezcan los mecanismos de control preventivo existentes, para que los organismos del estado puedan frenar un desarrollo que, una vez finalizado, sería contrario a las leyes de urbanismo. Desde la otra vereda, los parceleros argumentan que el Ministerio se está tomando atribuciones que debería dirimir la justicia una vez sucedido el hecho, y no cuando se está pidiendo una autorización para algo que todavía no se ejecutó.También argumentan que los cambios propuestos requieren de modificaciones legales que “deben ser discutidas democráticamente frente a la ciudadanía”, y que la labor es del Congreso. 

Ante esta visión se opone la de un grupo de 43 organizaciones que forman una Coordinadora por la regulación del uso de suelo rural. Según declaró Erwin Sandoval, integrante de la coordinadora invitado a exponer en la Comisión de Vivienda del Senado, no existe un vacío legal que permita núcleos urbanos en suelo rural. “Hay normativa que siempre ha dicho que esta situación es ilegal y que, de algún modo, se ha mirado para el lado y se ha dejado continuar avanzando al margen de la ley”. 

Desde la coordinadora afirman que no buscan criminalizar a quienes optan por vivir en zonas rurales, sino que exista una política nacional de suelo que permita que este tipo de urbanizaciones se hagan de forma controlada, con obligaciones de cuidado ambiental y con los servicios necesarios para albergar nuevos núcleos urbanos en zonas rurales. Según denuncia la coordinadora, de la forma en que se está haciendo actualmente el loteo y venta de predios rurales, se traspasa a los futuros compradores las responsabilidades de adquirir terrenos en los cuales los municipios podrían no permitirles construir viviendas.