Imagen referencial – Pesca Artesanal Columna / AGENCIAUNO
El camino a transitar ahora consiste en diseñar las estrategias y mecanismos que permitan dar una salida concreta a los desafíos declarados en materia de seguridad alimentaria. Para esto se hace fundamental pensar en procesos de articulación a escala local que favorezcan una producción asociativa y con estándares sanitarias mínimos, sobre todo para el caso del sector pesquero artesanal.
La propuesta de Nueva Ley de Pesca para Chile enviada al parlamento por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado, constituye un esfuerzo por abordar temáticas relevantes para el sector. Además de establecer un desafío de legitimidad frente a los actos de cohecho que se dieron a lugar en la gestación de la normativa vigente (el denominado caso de la “Ley Longueira”), es también una oportunidad para posicionar una serie de demandas y necesarias reformas.
Entre ellas destacan la sostenibilidad de los recursos, el principio científico, el enfoque precautorio, los efectos del cambio climático, la equidad de género y la prevención de la pesca ilegal, entre otras materias relevadas por los actores del sector a través de cientos de encuentros territoriales a lo largo del país.
En este contexto de reformas, nos quisiéramos detener en la mención que se hace al concepto de “Seguridad Alimentaria”. Su pertinencia con los desafíos globales en materia de inseguridad alimentaria y malnutrición. Cabe señalar que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en su Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año 1996, hacía mención al concepto de seguridad alimentaria como aquella que “se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.
Al trasladarnos cinco décadas atrás, y en sintonía con la conmemoración realizada el año recién pasado de los 50 años del Golpe de Estado cívico militar, nos encontramos con una de las medidas propuestas por el proyecto transformador de la Unidad Popular (1970-1973). En un escenario de alta importación de alimentos y un sistema nacional de baja productividad, el gobierno del Presidente Salvador Allende decidió durante la década de los 70′, comenzar a impulsar iniciativas de diversificación como peces disecados y salados.
Pensando con esto en estrategias para sectores rurales que no contaban con sistemas de refrigeración, así como también experimentos para conservas o cecinas de peces, vio en los recursos marinos, principalmente en la pesquería de la merluza común, una oportunidad para hacer frente a la crisis económica. Estas medidas, se potenciaron con la llegada de tres buques de alta tecnología para la época provenientes desde la Unión Soviética, los cuales proyectaban aumentar la proporción de merluza común destinada a consumo humano, pasando de un 45% a un 70% del total de la extracción, como releva el artículo científico “’La batalla de la merluza’: Política y consumo alimenticio en el Chile de la Unidad Popular (1970-1973)”
En la actualidad este pasaje de la historia pareciera haber quedado como una anécdota. Posterior al Golpe Militar y la dictadura que se extendió hasta fines de la década de los 90′, e incluso posterior a las primeras dos décadas de gobiernos de elección democrática, en el año 2013 la FAO posicionaba a Chile con un consumo per cápita anual de 13,2 kg, muy por debajo de la media global que alcanzaba los casi 20 kg.
Para el año 2020, a través de un estudio realizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), la cifra había experimentado un aumento de 2,6 kg en 7 años, alcanzando un valor anual per cápita de 15,8 kg. Si bien se identifica un alza a lo largo del tiempo, se debe considerar que Chile se encuentra dentro de los 10 principales productores mundiales de pesca de captura, el tercer productor de moluscos y uno de los cinco exportadores de pescado y productos del mar (ver aquí).
En este escenario, la discusión hoy toma un nuevo aire. A través de lo señalado por los sectores del mundo pesquero el Ejecutivo ha planteado una meta importante al interior del proyecto de Nueva Ley de Pesca para Chile, señalando que “en tiempos de crisis climática la seguridad alimentaria se posiciona como un eje fundamental en la labor estatal. En la actualidad el consumo interno de productos del mar ha presentado un aumento del 9% en promedio anual, llegando en su última estimación del año 2021 a 16,56 kilos per cápita. Sin embargo, este valor se encuentra muy por debajo del promedio mundial, que en el año 2019 llegó a 20,5 kilos per cápita. El desafío es alcanzar el consumo de 20 kilos per cápita al 2027”.
Dentro de las medidas concretas para alcanzar dichos objetivos se establece (art. 15 letra C) una cuota de reserva para consumo humano, la cual podría llegar hasta un 4% de la cuota global, con las consideraciones respectivas de trazabilidad e inocuidad que posibiliten un consumo humano seguro.
Estas propuestas, a su vez, vienen a hacer eco de las demandas y preocupaciones planteadas por los diferentes actores del sector pesquero durante los encuentros regionales y locales (ver aquí informe de síntesis de los encuentros), llevados a cabo entre los meses de diciembre del año 2022 y enero del año 2023. Instancias que fueron promovidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con el fin de dotar de mayor participación y representatividad al actual proyecto de ley.
El camino a transitar ahora consiste en diseñar las estrategias y mecanismos que permitan dar una salida concreta a los desafíos declarados en materia de seguridad alimentaria. Para esto se hace fundamental pensar en procesos de articulación a escala local que favorezcan una producción asociativa y con estándares sanitarias mínimos, sobre todo para el caso del sector pesquero artesanal.
A su vez, es clave que se puedan constituir gobernanzas regionales que permitan la construcción de acuerdos y/o convenios de colaboración y comercialización entre organismos del Estado, Gobiernos Regionales y organizaciones del sector pesquero, acompañadas por programas técnicos de la institucionalidad pesquera (por ejemplo INDESPA).
Estos desafíos son también, una oportunidad para seguir avanzando en la formalización de las actividades conexas y por consiguiente en la incorporación del enfoque de género en el sector pesca.
Cabe recordar que la Ley 21.370, que busca promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola, hace especial mención al reconocimiento de todas aquellas actividades que son fundamentales para el sector pesquero artesanal (por ejemplo el rol que cumplen las encarnadoras o fileteadoras) y que son desarrolladas principalmente por mujeres. Su formalización significa así, una oportunidad también para hacer parte principalmente a las mujeres de mar del sistema de generación de alimentos.
Autores de la columna
Ambos integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudio de Territorios Litorales y Rurales / CIET-LR
