Análisis | El rol de la justicia y la equidad ¿Si hablamos de violencia…?

Así la injusticia de Chile se hace carne y ladrillo, y la esperanza rota de cada día. Las instituciones pierden credibilidad y los proyectos — buenos y malos — pagan la culpa de una institucionalidad que no goza de credibilidad entre la población. Por esto mismo, a menudo quedan entrampados en campañas tan porfiadas como desesperadas para resguardar el bien común. Lo pueden disfrazar con todas las citas legales que quieran, pero es contraproducente un sistema incapaz de integrar las legítimas aspiraciones de los barrios, y un ministerio nacional incapaz de resguardar un derecho fundamental, como es la participación.

En este caso, en Bellavista tenemos la suerte, aun siendo probada por supuesto, de que la empresa Napoleón Spa ha optado por dialogar con la Junta de Vecinos 13 Mario Baeza y una amplia mesa de participantes entre residentes locales. Muy buena señal y se lo agradecemos, aunque entendemos que la prueba final será la calidad de los resultados.

De todas maneras, el Estado, tanto local (municipio), como metropolitano (Gobierno Regional), y nacional, a través del llamado Ministerio de Medio Ambiente, debería ser garante de un proceso de participación ciudadana justa, correcta, y vinculante. Así se hace cuando las instituciones democráticas realmente funcionan.

Esta situación subraya un tema central y de primera prioridad dentro de una nueva constitución y la nueva institucionalidad que debe nacer de estos tiempos de cambio. Fruto de las experiencias de gestión local y de los estudios y actividades académicas de estos años, podemos resumir las reformas fundamentales para la gestión territorial en tres elementos estratégicos. No son los únicos elementos claves, pero sí son centrales para lograr cambios sistémicos que abrirán camino a una mayor equidad e inclusión en este plano:

1. Descentralización y democratización, a través de una gobernanza colaborativa, ya presentada en otros artículos;
2. Reformas a Carabineros, institución que vemos colapsar bajo el peso de una estructura que no rinde cuentas a nadie, en medio de noticias de corrupción, violaciones a los derechos humanos, y una inefectividad sumamente preocupante, como constan muchos artículos en la prensa además de investigaciones de Ciper;
3. Cambios de fondo en como entendemos la desigualdad, la violencia y como remediarlos, el tema de este análisis hoy.

Si hablamos de la violencia, hablamos de “violencias” múltiples

Desde la convergencia de múltiples movimientos y organizaciones sociales en protestas masivas el año pasado, el tema de la violencia ha surgido una y otra vez, como una preocupación y un debate, pero por sobre todo para callar una conversación más a fondo sobre cómo queremos organizar nuestras relaciones sociales más importantes.

A muches que han buscado abrir esta conversación se les han tratado de callar, exigiendo que primero debe “condenar la violencia, venga de donde venga”. Más que abrir, esta demanda parece buscar callar. Incluso me tocó una exigencia de esa índole en un chat donde otres participantes habían llamado a usar sus automóviles o armas de fuego para enfrentar y matar a manifestantes. Extraña paradoja…

Pero hablar de la violencia es central, necesario, y más urgente que nunca. En nuestro medio podemos hablar de la violencia vial en Chile, percibido como guerra, caos o competencia tanto en Santiago como en Temuco-Padre Las Casas; la violencia de género plasmado en la tragedia del mal trato y asesinato a mujeres por el simple hecho de ser mujer, y el acoso en el transporte público y otros espacios, limitando así su participación en la vida cívica del país; y la violencia delictual, ejercido tanto por jóvenes como grupos organizados, especialmente los asociados al narcotráfico.

También hay todo un cuerpo de estudios de la violencia estructural que, aunque sumamente relevante, particularmente frente a las violaciones constantes de los derechos humanos, no tomaré en este artículo, ya que quiero hablar de la violencia en el plano de nuestra convivencia cotidiana, o sea los espacios de convivencia territoriales y comunitarios.

Lo valioso es que existe una evidencia sólida sobre temas de violencia, tanto en el mundo como en Chile, y sus correlaciones con factores que, al abordarlos en la planeación urbana-regional, facilitarían remedios.

La violencia vial ha sido un motivo importante para movimientos de ciclistas en meses recientes: frente a la largos años sin inversiones suficientes. Notamos una decisión de no seguir aceptando atropellos y colisiones como si fuesen meros “accidentes”. Un informe que salió esta semana del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal (MEL) contrasta esta falta de acción en Chile con el éxito de estrategias en otros países.

Importante es entender que el temor al delito interactúa con muchos otros miedos, particularmente los que generan la cesantía y la pobreza, actual o potencial, como señalaron Dammert y Malone en 2003 y luego de nuevo en 2008. Esto, entre otros factores, demuestra la importancia de trabajar para comunidades y territorios seguros desde la inclusión de la ciudadanía, tema que interactúa de forma importante con la necesidad — urgente — de reformas de fondo a las agencias policiales del país.

Mural en el sector Bellavista del Rio Mapocho, que habla de la desigualdad. Fuente: © Archivos Laboratorio de Cambio Social.

Una relación central de la violencia con la inequidad y la exclusión

Cuando nos atrevemos a hablar de violencia y las carencias aparecen raíces relevantes y trabajables para corregirla. En el plano de la violencia vial, queda claro que no sirve un spaghetti inconexo de ciclovías, sino que se requieren inversiones, partiendo con un fondo de US$500 millones para una red integral para peatones y ciclistas (incluyendo personas con discapacidad) en cada ciudad y pueblo de Chile.

Es más, Wilkinson & Pickett (segunda edición 2020) nos resumen más de 20 años de investigaciones que demuestran una relación clara entre desigualdad y violencia de diferentes tipos, en países que presentan indicadores comparables en el World Development Data Base del Banco Mundial, con fecha abril 2004.

Más que la pobreza — son las desigualdades: donde la desigualdad es mayor, la confianza entre las personas baja a niveles que dificultan las relaciones y transacciones más básicas. Lo mismo ocurre con el abuso de drogas y alcohol, la obesidad, la expectativa de vida, la rendición educacional, embarazos entre adolescentes, violencia de pandillas y otras violencias.

Para algunos, el simple hecho de juntarse a reclamar en Plaza Italia (de la Dignidad) es “violencia”, mientras otres reclaman por décadas o hasta siglos de violencia física, política y estructural. Fuente: © Laboratorio de Cambio Social.

Al hablar de violencia, se nos abren nuevas soluciones

Entonces, si hablamos de “la violencia” y su relación con la desigualdad, no solo podemos identificar sus raíces, sino posibles soluciones. Tanto Wilkinson & Pickett como la argentina, Roxana Kreimer, presentan abundante evidencia para sustentar dos posibles estrategias de solución empleados por distintos países. Incluso, una comparación de Vermont y New Hampshire, los dos estados más equitativos (y menos violentos) de EEUU, revela que se puede optar por impuestos a sobreganancias y la concentración excesiva de la riqueza en pocas manos, como lo hace Vermont, o se puede enfocar en aumentar los sueldos más bajos y reducir la brecha entre éstos y los sueldos más altos.

En base a la realidad argentina, más cercana a la chilena, por cierto, Kreimer recomienda las siguientes medidas:

• Ingreso Básico Ciudadano como ya se están proponiendo en Colombia o Argentina; o Garantizado en Canadá, también propuesto para Chile
• Concejo para la asignación de empleos
• Creación de un Observatorio Social
• Microcréditos para la formación de cooperativas
• Redes que contribuyan a la integración social
• Reintegración de las personas que delinquen a la sociedad
• Límites a la acumulación de la riqueza
• Límites al derecho sucesorio
• Políticas en torno al consumo de drogas
• Límites en el uso de armas de fuego
• Becas en el área educativa y de capacitación
• Colegio secundario obligatorio, con salida laboral y educación para la vida
• Capacitación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad

Algo ha avanzado Chile en relación con los últimos cinco elementos. Pero claramente esta no es la típica lista que levanta una junta de vecinos o una municipalidad cuando abordan temas de inseguridad. Ni siquiera aparece la fuerza policial, ya que estas medidas reducen los factores de inseguridad. Siguen existiendo policías pero con roles más acotados y, por sobre todo, con exigencias de rendición de cuentas, accountability, cada vez mayores.

En primer lugar de esta lista, Kreimer pone el ingreso básico garantizado, que además fomenta un consumo más sano y más local, que potencia la equidad dentro de la economía.

Wilkinson & Pickett agregan varios más en base a la experiencia de países donde la desigualdad no aumentó entre los 1980s y 1990s: Canadá, Francia, Japón, los Países Bajos, España y Suiza. Observan que esto ha ocurrido en múltiples países del mundo, incluyendo Asia donde, según un informe del Banco Mundial, el cambio de prioridades reflejó crisis de legitimidad, como la que vivimos actualmente en Chile:

• Dejar de considerar EEUU como un ejemplo de buenas prácticas, ya que es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad en décadas recientes
• Reforzar los derechos sindicales y otras modalidades para su participación, para llegar a sueldos más justos, reduciendo la diferencia entre los más altos y los más bajos de las empresas
• Evitar gastar montos cuantiosos y crecientes en cárceles, para reforzar inversiones en educación, especialmente pre-escolar, y en apoyo familiar
• Enfocar las políticas públicas desde una mirada — consensuada con diferentes grupos entre la población — de lo que sería una mejor sociedad
• Financiar cooperativas, empresas B, y otras formas de gobernanza corporativa que incentivan participación real de trabajadores en la gestión de empresas.

En el caso de Chile agregaría:

• Financiar, con montos de CLP$20.000.000/año hacia arriba, juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, para que puedan aportar más efectivamente desde su posicionalidad, importantísima para implementar soluciones democráticas a los desafíos actuales
• Simplificar los trámites y la gestión de organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y otras, para facilitar su trabajo
• Aumentar el financiamiento de alianzas ciudadanas-académicas, para potenciar la capacidad de investigación-acción y otras instancias de investigación relevantes para movilizar la capacidad social para innovar y prosperar, con equidad y justicia social.

¿Hora de cambiar radicalmente las estrategias para eliminar la violencia?

Lake Sagaris. PhD Planificación urbana y comunitaria, Profesora Ingeniería de Transporte e investigadora Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), Centro de Excelencia en Transporte Rápido BRT+, Pontificia Universidad Católica de Chile.

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