/ Fundación Energía para Todos
Por un lado, existen familias que, derechamente, no tienen acceso a la calefacción, quedando sometidas a pasar frío en el invierno, y, por otro lado, existe una gran cantidad de familias que, afrontando un desmedido gasto en energía, pueden acceder a combustibles, que incrementan la emisión de Gases de Efecto Invernadero, acelerando el Cambio Climático, o que afectan notablemente la calidad del aire, trayendo consigo, graves consecuencias para la salud de la población.
El Derecho a la Vivienda ha sido reclamado históricamente como una vía para tener una vida íntegra: luchas que han dado numerosas Organizaciones Sociales y Políticas que, a lo largo de nuestro país, exigen vivir en un espacio digno. Sin embargo, la actual Constitución, aún no contempla el Derecho a la Vivienda, lo que se traduce, definitivamente, en que nuestras Políticas Públicas no den el ancho en este tema tan importante para cualquier ser humano.
La vivienda debe ser un espacio acogedor, que nos permita disfrutar con nuestra familia, entregándonos paz y tranquilidad, sin tener que pasar precariedades; un lugar donde sintamos seguridad, encontremos refugio, y, por sobre todo, un espacio que nos ayude en términos de salud mental, otorgando estabilidad física y emocional. En resumen: la vivienda debe entregarnos dignidad.
El Derecho a la Vivienda es reconocido hace décadas por distintos organismos internacionales: desde el año 1948 se registra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, en el 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego, en el año 1978, se crea el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), que comienza a generar una amplia bibliografía sobre la temática. En otras palabras, existe suficiente material para recoger y aplicar en todo Chile, con el fin de entregar calidad de vida a sus habitantes.
De esta manera, en el contexto político y ciudadano que estamos viviendo, la Convención Constitucional electa en mayo de este año, tiene un gran desafío: redactar una nueva Carta Magna que represente las demandas y anhelos de la ciudadanía, garantizando, entre otros derechos y por primera vez, el Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada.
Carecer de una Vivienda Adecuada, sin duda, es una barrera para el desarrollo de las personas. Es así, como entendemos que el principal problema de la vivienda en nuestro país es el acceso. Es urgente y primordial enfocarse en las más de 80 mil familias que hoy, según Techo, viven en campamentos, junto con las más de 500 mil que viven de allegadas y en condiciones de hacinamiento. Pero, también sabemos, que gran parte del parque habitacional actual, no responde a las necesidades básicas de una Vivienda Adecuada que entregue dignidad a quien la habita.
Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda Adecuada, vamos mucho más allá de contar con un suelo, cuatro paredes y un techo: una vivienda debe garantizar el confort de sus moradores, es decir, que ofrezca un estado de bienestar para quienes vivimos en ella. Si revisamos la información que nos entrega ONU-Hábitat en su Folleto n°21, existen siete puntos clave sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada: Seguridad, Disponibilidad de Servicios, Asequibilidad, Habitabilidad, Accesibilidad, Ubicación y Adecuación Cultural.
Si nos enfocamos en la Disponibilidad de Servicios, una vivienda debe tener, como mínimo, acceso a agua potable y energía, tanto para la cocción de alimentos y el desarrollo de otras actividades propias del hogar. Lo mismo en el caso del Agua Caliente Sanitaria para nuestra higiene personal, y la calefacción que nos permita tener un buen vivir. En el caso de la Asequibilidad, la vivienda -incorporando los gastos básicos-, no debe dificultar el disfrute de otros Derechos Humanos por sus ocupantes. Y, desde el punto de la Habitabilidad, la vivienda debe refugiarnos de la humedad, del viento, la lluvia, y otras amenazas típicas de nuestra variabilidad climática, y, por supuesto, también debe protegernos del calor y frío.
En Chile existe una fuerte tradición en construcción civil, que, en términos estructurales, podemos decir que es buena, sin embargo, desde el punto de vista energético, nuestra tradición comienza hace poco: recién en el año 2000, cuando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) impuso la implementación de medidas de aislación térmica en la construcción de viviendas. Luego, en el año 2007, se puso algo más exigente, pero ¿qué pasa con todas las viviendas que fueron construidas antes de esa fecha?, ¿en qué condiciones se encuentran las más de 4 millones de viviendas que fueron construidas sin ningún criterio de Eficiencia Energética? ¿o, quién se hace responsable de todas aquellas que son levantadas desde la autoconstrucción sin regularizaciones que les establezcan un estándar mínimo?
Como les contábamos en la columna anterior, en una vivienda que no tiene aislación térmica, el calor al interior no se retiene y, por tanto, calefaccionarla es mucho más costoso. Esto genera un círculo vicioso terrible, porque entre más precaria es la vivienda, mayor es el gasto económico de poder mantenerla a temperaturas óptimas para nuestra salud. Lamentablemente, para las familias chilenas es algo normal pagar montos excesivos en calefacción, lo que significa, que es la misma vivienda la que nos va empobreciendo: porque al no contar con el abrigo adecuado, el calor que tanto cuesta generar en épocas de invierno, se pierde fácilmente, fomentando consumos desmesurados en calefacción, que terminan siendo los más altos dentro del ítem de gastos energéticos.
Por un lado, existen familias que, derechamente, no tienen acceso a la calefacción, quedando sometidas a pasar frío en el invierno, y, por otro lado, existe una gran cantidad de familias que, afrontando un desmedido gasto en energía, pueden acceder a combustibles, que incrementan la emisión de Gases de Efecto Invernadero, acelerando el Cambio Climático, o que afectan notablemente la calidad del aire, trayendo consigo, graves consecuencias para la salud de la población.
Si queremos avanzar en el tener viviendas que nos entreguen dignidad, debemos tener una política de vivienda fuertemente orientada a garantizar el Derecho a la Vivienda Adecuada, que permita el desarrollo de Políticas Públicas robustas, que se puedan preocupar tanto del gran déficit habitacional que tenemos, como también, de nuestras actuales viviendas. Con una política habitacional sólida, podremos pensar en acondicionamiento térmico de viviendas a gran escala, logrando aumentar el confort térmico de millones de familias, generando un ahorro significativo en el gasto en calefacción y mitigando el Cambio Climático con la medida más eficiente: la Eficiencia Energética.
