Lleva cuatro meses en su cargo y la oficina de la Defensoría de la Niñez ya tiene un lugar fijo en una casona de la calle Carmen Sylva en Providencia. Aún hay cajas, olor a pintura fresca y quedan lugares por decorar, falta terminar de acomodarse en definitiva. La abogada de la Universidad Católica de Temuco- y ex Directora de la Unidad Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional- no ha parado en medio de la vorágine de temas como la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) y el polémico proyecto de convivencia Escolar –ex Aula Segura- que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. A eso se suma otra arista de la crisis de Sename, la de los centros privativos de libertad de acuerdo a Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Así es el caso de CIP CRC de Coronel donde hace un mes se conoció la noticia de que unos jóvenes internos ingirieron vidrio molido en protesta por el retraso de sus causas judiciales.

Ese lugar fue el primero que escogió la defensora para fiscalizar los centros en regiones. El recinto aparece cada tanto en la prensa por algún motín o noticias de maltrato de gendarmes hacia los jóvenes. Una verdadera bomba de tiempo con intentos de suicidios y problemas de infra estructura. Hace un año un grupo de jóvenes resultaron intoxicados con medicamentos y se denunció que luego habrían sido “gaseados” y golpeados por gendarmes, mientras un educador subía el volumen de una radio para que no se oyeran los gritos. Otro nudo crítico, es la salud mental de los adolescentes y jóvenes que están internos, ya que no reciben la atención adecuada por las restricciones que ha impuesto el Servicio de Salud de Concepción. Eso sin mencionar más falencias como la falta de segregación que existe: hay solo una casa para mujeres, donde viven juntas imputadas y condenadas

“Tuve la posibilidad de conversar con chicos y niñas que estaban ingresados en ese centro donde lo que pude hacer fue constatar efectivamente es como el tema de la salud mental complejiza aún más la situación a la que ellos se están enfrentando en la privación de libertad. Conversé con algunos de los jóvenes que habían ingerido vidrios, lo que fue una situación bastante crítica y ahí uno aprecia como la desinformación de sus procesos judiciales les va generando una situación de angustia que contribuye a empeorar el estado de salud mental en el que se encuentran, sobre todo si consideramos situaciones tan graves como que estén consumiendo sustancias como la Benzodiazepina, Clonazepam particularmente, algo que está actualmente en una investigación del Ministerio Público”, aclara.

– Estos centros han sido criticados por la coaptación de las agrupaciones de trabajadores. ¿Pudo apreciar algo de esta realidad?

-Me comentaron algo al respecto, de los problemas que han tenido con ellos. Para nosotros el interés central estaba puesto en enterarnos de la situación -ojalá-directamente de ellos. Nosotros no entramos en un análisis de cuál eran las condiciones laborales de los funcionarios del Sename, en algún momento en los pasillos tuvimos la posibilidad de conversar con un Educador de Trato Directo, pero no hubo mayor desarrollo de los temas vinculados a problemas propios de su gestión laboral, más allá de que efectivamente como tú planteas hay antecedentes que darían cuenta de cierta dificultad. También están las versiones hacia uno y otro lado, por una parte dicen que los funcionarios de alguna manera manipulan información a través de los adolescentes, como tratando de apropiarse de esos comportamientos para tratar de favorecer sus peticiones en el ámbito laboral; por otro lado, se cuestiona y se dice que eso no es así. Esto excede las facultades de la Defensoría, pero para nosotros es importante que los trabajadores estén en buenas condiciones, porque si no generan una posibilidad de riesgo de atender inadecuadamente a quienes están en ese centro.

– A tres años de la muerte de Lissette, esta crisis general se extiende y siguen pasando cosas en los centros de protección.

-Es que no son solo las capacidades técnicas, sino situaciones tan básicas como los protocolos de contención. Nosotros como Defensoría pedimos por oficio a la directora Nacional de Sename (Susana Tonda) que no se aplique el protocolo de contención que aún está vigente, porque los únicos autorizados para aplicar contención física a niños y niñas y adolescentes, en contexto de residencia, son trabajadores del personal de salud y los centros de Sename no tienen ese personal contratado, salvo por ejemplo, el CIP CRC de Coronel que tiene una Unidad de Corta Estadía donde hay personal médico o paramédico, pero en la mayoría de los casos no es así. Desafortunadamente la respuesta fue que no se aplicaba esa contención física y por lo tanto no se necesitaba dejar sin efecto ese protocolo. Otro tema importante son los reglamentos sanitarios de la residencia, porque en Chile pasa una cuestión increíble: si tú quieres abrir un negocio de comida tienes que tener autorización sanitaria, pero para las residencias de Sename no hay reglamento sanitario. Tiene que haber un reglamento donde yo tenga claro lo que se debe cumplir y los estándares mínimos sobre la base que voy a brindar habitabilidad. Estos centros no pueden estar en peor condiciones que las cárceles.

-Respecto a otros nudos críticos, como la salud mental, algunas autoridades opinan que los culpables no están solo en Sename, sino también en ministerios como el de Salud, por ejemplo. ¿Está de acuerdo con esto?

Sí. Yo he sido súper enfática en que no es mi intención defender a Sename cuando hablamos de la responsabilidad en la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado, porque el responsable es este, el Estado no es una entelequia. Cuando yo digo que esta crisis no es solo de Sename, no es que quiera quitarle la responsabilidad, lo que quiero decir es que también hay otros actores que han sido absolutamente irresponsables y más bien han mirado hacia el techo, sin comprometer un accionar decidido con los niños institucionalizados. Hay ministerios que son absolutamente responsables de todo esto: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hay un porcentaje cercano al 50% de niños institucionalizados sin su escolaridad regularizada, los niños que están en Sename son expulsados de las escuelas públicas, se les condiciona la matrícula o se les cancela porque son, entre comillas, conflictivos y el Ministerio de Educación no se hace cargo de eso, sino que más bien se preocupa de otro tipo de cuestiones. Como Estado tu responsabilidad no sólo es protegerlo al interior del centro, sino también brindarle satisfactoriamente sus derechos, que además es re vincularlo con su familia, sea nuclear o extendida.

– En Sename se corta el vínculo con la familia, existe nulo trabajo con ellos. ¿Hoy en Chile se encierra la pobreza?

-Eso no solo lo he dicho yo, lo ha dicho también el Comité de los Derechos del Niño en el informe que emitió este año, es de una brutalidad y dureza que nos enfrenta como Estado. Dice que por 40 años (en Chile) se han vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que una de las causales de vulneración tiene que ver con que se está institucionalizando niños pobres. Debemos entender que la institucionalización, la transitoriedad, pasa por el trabajo que tú hagas con la familia, sea nuclear o extendida, para lograr que esos niños tengan un sentido de pertenencia con el grupo familiar, entregándoles herramientas para que el niño pueda salir del centro y re vincularse con su familia. Si tú no haces ese trabajo y sólo te dedicas a cuestionar a la familia, obviamente tú no estás haciéndote cargo de una responsabilidad que te es absolutamente directa. Es importante que Sename diga cuál es el enfoque sobre el cual construirá la atención. ¿Es un enfoque de derecho? ¿Incluye enfoque de ciclo vital? ¿De qué manera está enfrentando su ejecución? En junio pedí el informe presupuestario de diez años atrás a la fecha, de todos los Ministerios sectoriales para que me digan ¿cuál es la inversión que han hecho en infancia y cuál es el impacto de los programas en que se hecho en inversión? No hay. Seguimos invirtiendo recursos públicos sin saber si los niños están recibiendo lo que necesitan.

– Aquí también hay una responsabilidad que se pasa por alto, me refiero al trabajo que están realizando los Tribunales de Familia. En algunos casos se aplican medidas sin criterio donde, por ejemplo, una niña de Calama queda institucionalizada en un hogar de Santiago ¿Qué están haciendo hoy día los jueces? Y, por otra parte, ¿los curadores ad litem están haciendo su trabajo?

– Hay dos cosas ahí porque, en algunas causas de desarraigo como el ejemplo que tú planteas, una chica de Calama si puede ser trasladada a un centro de Santiago, depende del criterio judicial y por otra parte de la cobertura efectiva. Hoy día no hay centros en Calama, se cerró el último y lo que ocurre es que (los jueces) tienen que mandarlos a Santiago o Arica, generando situaciones que ciertamente no permiten favorecer de ninguna manera un proceso re vinculación, sobre todo si hablamos de una familia pobre, ¿con qué plata se compra un pasaje para venir de Calama a Santiago? Comparto el planteamiento que haces en término de que la necesidad de conocimiento y especialización no sólo alcanza a quienes trabajan de manera directa con los niños, sino también a quién está resolviendo judicialmente sus casos. El Poder Judicial tiene mucho por avanzar en esta materia, reconociendo que hay jueces que se han especializado, aún falta mucho por hacer. Para nosotros tiene especial relevancia que sea una garantía explícita el derecho a la representación jurídica especializada, que implique la participación de un abogado y una dupla psicosocial capaz de entender de manera precisa y detallada cuál es la condición personal, contextual, familiar y social del niño, y qué necesita. Los curadores ad litem no son capaces de hacer frente a esto, están sobrepasados o no tienen suficiente formación.

– Y en el caso de los llamados “Centros de Reparación Especializada”. Se ve que esta falta de representación tiene como consecuencia largas institucionalizaciones.

-Totalmente de acuerdo, y a eso se suman además las falencias en los procesos de adopción. Tenemos que devolverles a los niños su derecho a vivir en familia, este es un círculo vicioso, dramático, que implica casos tan inaceptables como que algunos niños llevan cinco años en un lugar esperando ser adoptados ya que, al declararse como susceptibles de adopción, pierden cualquier vínculo con su familia.

/ Agencia Uno

Los niños de la calle

El día seis de noviembre, la Defensora de la Niñez publicó en su cuenta un Twitter un mensaje para denunciar el acoso constante de Carabineros a un grupo de niños que vive en situación de calle en la pasarela de Huérfanos, en el centro de Santiago. Se llevaron detenidos a dos adultos que los cuidan, les rompieron sus carpas y les quitaron todas sus pertenencias. Hoy se sabe que la mayoría de estos menores se fugaron del Cread Pudahuel, reconocido por graves casos de violencia entre los jóvenes y parte de educadores de trato directo.

Desde el año 2011 no se sabe con claridad cuántos niños en Chile viven en la calle, tampoco existen albergues para ellos y la única opción para las autoridades es devolverlos al mismo centro del que huyeron, donde en muchas ocasiones fueron vulnerados en sus derechos.

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Para la Defensora hoy no existen acciones concretas que permitan cambiar la realidad de estos niños que siguen expuestos a la violencia policial y a la explotación sexual. Un informe del Ministerio de Salud del año 2017, arrojó que el 60% de estas fugas ocurrieron en el Cread Pudahuel.

– Ahora sabemos que los niños que viven en la calle no lo hacen por opción, como muchas veces la prensa erradamente daba entender, sino que son adolescentes y niños que fueron parte de algún Cread u otro centro de Sename. Esa es una violación de derechos flagrante. ¿Qué opinión tiene sobre este problema?

-La verdad es que esta situación genera mucha impotencia y rabia, encontrarnos con niños obligados a vivir la calle -porque no es voluntario como tú bien señalas- ellos prefieren pasar hambre y frío, a ser maltratados y abusados en lugares que están destinados por el Estado para su protección. Esto es algo inadmisible y si eso añadimos situaciones tan lamentables como como la que tuvimos que conocer donde el municipio de Santiago de manera persistente -en razón de la información que tenemos- los saca con Carabineros y Seguridad Ciudadana desde la pasarela de Huérfanos, rompiéndole las carpas que les regalaron ciudadanos comunes y corrientes, el resultado es más indignante. Lo cierto es que son estos chicos los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y el Estado no puede dejar de mirarlos, pero no sólo eso, no puede dejar de atenderlos y brindarles un soporte real. Estos lugares (Cread ) no fueron capaces de responder en términos de protección y no puedo pensar en que la solución para estos niños que se arrancaron de Sename -porque los han amenazado, golpeado e incluso abusados-, sea devolverlos al mismo lugar. Tengo una denuncia que llegó desde Fundación para la Confianza que apunta al Cread Pudahuel respecto a esto. Tampoco es una respuesta posible decir es que no tengo donde mandarlos, y decirles ‘Sigue viviendo en la calle’, eso no es algo que el Estado se puede permitir y ahí necesitamos que el Ministerio Desarrollo Social de una respuesta efectiva a esta situación. Hoy el Subsecretario de este ministerio, Sebastián Villarreal, es responsable y tiene a su cargo una mesa intersectorial donde se va a hacer un levantamiento de información respecto de los niños en situación de calle que no se hace desde el año 2011, porque ni siquiera sabemos cuántos son. Está bien que se cuantifique, pero lo que necesitamos en realidad es escuchar la voz de esos niños, por eso lo pedí expresamente y el Subsecretario me dijo que se iba a generar en alguna parte de la metodología esa posibilidad. Los adultos no podemos seguir tomando decisiones sin saber lo que es dormir un solo día en la calle.

/ Felipe Báez Benítez

– Desde la Defensoría de la Niñez también ha planteado el problema de esta mirada punitiva que existe sobre los adolescentes y niños. Podemos verlo en el proyecto Aula Segura, o acá donde el mismo municipio que persigue a los niños en situación de calle lo hace también con los estudiantes de un liceo emblemático. ¿Qué mirada de infancia existe hoy desde las autoridades?

Ninguna. Lo dije en la Comisión de Educación del Senado: no hay ninguna consideración a lo que implica el fenómeno de violencia de la que son víctimas los niños, niñas y adolescentes. En los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago se observa una estigmatización, una criminalización de un grupo particular que son los estudiantes, y eso agudiza situaciones de violencia que uno puede ir constatando en el ámbito escolar, en distintos momentos. Por ejemplo, el caso de Kathy Winter creo que es la mejor manifestación de la incapacidad del Estado para entender que la violencia es un tema crítico, que debe abordarse ya. Probablemente estamos hablando del colegio más caro del país, por lo tanto la violencia es transversal, no distingue. Es un abuso estigmatizar a un solo un grupo.

– Por el caso de Kathy Winter, usted no compartió la respuesta del fiscal Manuel Guerra respecto a que no se podía perseguir judicialmente el bullying.

-Recuerdo que llevaba muy poco como defensora y me llamó mucho la atención que el fiscal Guerra saliera diciendo que no era delito, en circunstancia que se había aprobado la ley 21.013 donde se estipula el trato degradante como una vulneración que efectivamente se puede perseguir y por lo tanto de hecho esa es una investigación que yo esperaría que prosperara para marcar un precedente. En un caso que se mostró en el reportaje de Informe Especial sobre el bullying, de un chico de diez años que se había intentado matar en tres ocasiones, era evidente como la directora y la profesora naturalizaban la violencia. Si a eso añadimos que las autoridades de este país se permiten decir públicamente que los estudiantes son delincuentes, yo no veo la forma en qué buscamos erradicar la violencia. Aula Segura es el mejor reflejo de estigmatización y de la vulneración de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

– Volviendo a que ya van tres años de la muerte de Lissette y la crisis de Sename no se ha resuelto, ¿le parece que el acuerdo Nacional de la infancia va a responder a todos estos problemas?

– Obviamente valoro el hecho de que el presidente haya llamado a esta mesa y a generar un acuerdo nacional por la infancia, lo que nosotros hemos planteado al ejecutivo tiene que ver con que es imprescindible que este acuerdo no se quede solo en los titulares. Los discursos no son suficientes por muy potentes que sean si luego no impactan efectivamente en el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Hay que erradicar el paradigma de que los niños son objetos de pertenencia de los adultos, los niños son sujetos de derecho y plenos en dignidad. Deben ser escuchados, protegidos y respetados, no porque lo diga la Defensoría de la Niñez, sino porque es un deber comprometido al ratificar la convención en el año noventa.