Los casos de acoso sexual y abuso de poder que salieron a la luz en el Instituto de Música de la PUCV

Fueron más de 15 años de silencio. María José Opazo, ex alumna de Música de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Chile siguió de cerca el destape de los casos de profesores acosadores y abusadores en distintos planteles del país. La denuncia de otras estudiantes terminó por convencerla de sacar su caso a la luz y motivar a otras compañeras a hablar, sin importar el tiempo transcurrido.

«Como una manera de resignificar y visibilizar mi experiencia, reunir testimonios que permitan abrir una investigación (pues mi caso ya está prescrito) y contribuir al debate para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres dentro de la universidad, es que he decidido compartir mi historia públicamente», escribió en su Facebook en enero de este año, provocando la apertura en la discusión del tema en el Instituto de Música.

María José aseguró que los hechos fueron sistemáticamente ignorados por un círculo de académicos «machistas y muchas veces misóginos, que tienen tan naturalizadas estas conductas que son incapaces de reconocerlas como una vulneración de los derechos de las estudiantes».

En la publicación, Opazo indicó que en el momento en que fue víctima de estos hechos, cuando tenía entre 20 y 22 años, era «débil, inestable e insegura» como para denunciar. Con el tiempo, decidió sanar una herida que seguía abierta e invitar al resto de sus compañeras a contar sus experiencias:

«Solo si nos unimos podremos iniciar la lucha para abrir el debate sobre este tema en la comunidad universitaria y crear estatutos que sancionen estas conductas, faciliten los medios para denunciarlas y apoyen a las víctimas», advirtió. Los testimonios no tardaron y comenzaron a revelarse, uno tras otro, totalizando ocho casos hasta hoy.

Acoso sexual, abuso de poder y hostigamientos

-Yo soy la que empezó con esto. Publiqué en Facebook pensando que me escribirían otras mujeres que habían vivido lo mismo y así fue.

María José resume el difícil camino que la llevó a destapar un nuevo caso de acoso sexual y abuso de poder por parte de académicos en universidades. Primero acudió a la oficina de Género de la U. de Chile y luego escribió al Sernam, donde no encontró ayuda. Entonces llegó a la Secretaría de Género de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello, donde la apoyaron y motivaron a demandar.

Opazo envió su denuncia a todas las autoridades de ambos planteles y consiguió una reunión con el prosecretario de la institución porteña.

«Sostuvimos una conversación en la que él quería que aclarara a quiénes acusaba y no. La cosa no es así, yo soy víctima, le dije que no me podía tratar de esa manera. Luego tuvimos otro diálogo y me apoyó en denunciar», detalla, adelantando que no obtuvo la misma respuesta en la Casa de Bello.

En la denuncia formal, que fue extendida a las autoridades, las alumnas explican que durante años, producto de «la tradición patriarcal dominante en el Instituto de Música y su cuerpo docente» -que se compone de una mayoría de hombres- se han naturalizado conductas de acoso y abuso de poder de profesores hacia sus alumnas.

Los docentes acusados, pertenecientes al Instituto de Música de la PUCV, son Eduardo Cáceres, Boris Alvarado y Rafael Díaz. Los dos primeros son denunciados por mantener relaciones sexuales y de pareja con alumnas y cantantes del coro, además de acosarlas a través de invitaciones, correos electrónicos y comentarios de tipo sexual. También se les impugna abuso de poder, al perjudicar su desarrollo académico cuando ellas han rechazado o finalizado algún tipo de relaciones.

En específico, se indicó que Alvarado abusó de su poder como director de coro y profesor para realizar ofertas laborales que permiten la participación en festivales nacionales e internacionales, grabación de discos y conciertos. Por su parte, Rafael Díaz es acusado de manipulación de las alumnas mediante relaciones sexuales y de pareja y de acoso mediante ofertas para financiar viajes académicos, entre otras conductas inapropiadas.

Las universitarias recuerdan una serie de episodios de advertencias ignoradas: Profesoras y ex alumnas realizaron denuncias formales en distintos momentos que no fueron atendidas por las autoridades y cuyas investigaciones no llegaron a buen puerto.

«Nosotras, las víctimas, requerimos se abra una investigación contra quienes nos violentaron como mujeres y sancionar a los agresores; los profesores del Instituto de Música de la PUCV Eduardo Cáceres, Boris Alvarado y Rafael Díaz», puntualizaron en el documento.

Docentes denunciados siguen en sus funciones

Las autoridades de la PUCV aseguran que iniciaron un sumario interno para determinar lo ocurrido. Y confirman a El Desconcierto que tres ex estudiantes, cuatro ex cantantes del Coro Femenino de la PUCV y una alumna del Instituto de Música presentaron «una denuncia sobre acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de poder en contra de tres profesores de la Universidad».

Fernando Castillo, prosecretario general de la universidad, dijo que ha dispuesto «llevar adelante un sumario a fin de determinar la efectividad de los hechos  denunciados y la eventual responsabilidad que en ellos cabría de los profesores denunciados». El fiscal a cargo de la investigación es el abogado Hugo Muñoz López.

Pese a que la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó un requerimiento formal para suspender a los docentes involucrados en sus funciones mientras dure la investigación, Castillo aclaró que eso «corresponde a una decisión que deberá determinar el Fiscal a cargo».

Camila Lucero, presidenta de la FEPUCV, recordó que los profesores siguen haciendo clases y que el director del Instituto de Música, Raúl Aranda, está facultado para suspender sus labores:

-No solo por practicar acoso, abuso de poder y hostigamiento, sino también por perpetuarlo a lo largo de los años, convirtiéndolo algo muy naturalizado en el mundo de la música, que incluso genera repercusiones económicas.

El sumario comenzará este lunes 21 de agosto con las declaraciones de las afectadas. Al respecto, Lucero enfatiza que «les creemos a las mujeres que están denunciando y con el respaldo de nuestros centros de estudiantes, hicimos la solicitud y estamos a la espera. No queremos más revictimización de las compañeras». En opinión de la dirigenta, existen pruebas contundentes que dan cuenta de las situaciones de abuso que vivieron las ex alumnas y estudiantes.

Esta vez no solo denuncian a los profesores, sino que también al plantel universitario por no haber tomado las precauciones para evitar este tipo de abuso.

«Como reparación, nos gustaría que la universidad nos pidiera perdón para comenzar y que luego implementen los protocolos como debe ser, porque ellos no tienen idea de qué hacer en un caso como este», afirma.

Sin protocolos ni tipificación del delito de acoso

En el escenario nacional, las denuncias por acoso sexual y otras prácticas denigrantes por parte de profesores hacia alumnas en planteles universitarios evidencia un nuevo desafío para las autoridades y la propia legislación chilena. Al no estar tipificado como delito, la investigación de los casos de acoso queda sujeta a las regulaciones de protocolo -que recién están surgiendo- en la mayoría de las casas de estudio y a la burocracia administrativa.

Ante los casos registrados en la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y la Universidad de Concepción, entre otros espacios –se estima que seis universidades tienen al menos una denuncia- el prosecretario general de la PUCV, Fernando Castillo, asegura que en mayo de este año se constituyó una comisión para reformular la política de la institución sobre temas de acoso y hostigamiento.

«Esta comisión está integrada por académicos, representantes estudiantiles y representantes de los trabajadores y su trabajo se encuentra muy avanzado puesto que se estima que durante el transcurso de este semestre se debería implementar tanto la política como los protocolos», adelantó. En Santiago, solo la Universidad de Chile, U. Diego Portales y Universidad de Santiago cuentan con un protocolo formal para enfrentar el tema.

Las mujeres que denuncian están seguras que seguirán apareciendo nuevos casos y planean ir más lejos, construyendo una propuesta legislativa que sancione estas prácticas a nivel nacional, inspiradas en las experiencias existentes en Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo es evitar que otras tengan que sortear las mismas dificultades al alzar la voz contra el abuso, tal como reconoce María José:

-No descansaremos hasta que se presente un proyecto de ley que sancione el acoso y abuso de poder en la universidad y proteja a todas las estudiantes.

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