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Las medidas ordenadas por el máximo tribunal no se han concretado, las autoridades están contra el reloj para brindar información sobre el proceso, y las partes afectadas estudian recurrir a la justicia internacional.
La contaminación no da tregua en Quintero y Puchuncaví. En plena pandemia se han registrado nuevos peak de contaminación, marcando un oscuro aniversario para lo que hace un año era la mayor esperanza de justicia ambiental en la comunidad: el fallo de la Corte Suprema, que apuntaba al Ejecutivo como responsable -a partir de su inacción- de vulnerar el derecho de estas personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Fallo incumplido
El escrito, firmado el 28 de mayo del 2019, daba un año de plazo para evaluar e instalar un sistema que identifique todos los elementos nocivos que emiten las 19 empresas del cordón industrial de Ventanas.
También exigía un diagnóstico de base de enfermedades a las autoridades de salud, un sitio web que diera cuenta del cumplimiento del fallo “en un lenguaje claro”, y un plan de emergencia por parte de la ONEMI donde, entre otras medidas, se debería evacuar a niños, niñas y población vulnerable a un lugar seguro durante episodios críticos de contaminación.
El pasado 20 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ofició a los ministros y seremis de Salud y Medio Ambiente, al ministro del Interior y a los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, para que den respuesta sobre el cumplimiento del fallo. Varias de las autoridades pidieron una extensión del plazo de entre 8 y 10 días. Sin embargo, para quienes viven en la zona, queda claro que las medidas no se han tomado, o han sido insuficientes.
“¡Un año, y nada!” declara un comunicado de Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia; organización que lleva años visibilizando la crisis medioambiental que se extiende hace décadas en la bahía. Y el diagnóstico es compartido por las otras partes recurrentes en el fallo. “Es bastante desolador. Hemos tenido que solicitar la información a las autoridades y lamentablemente no se han tomado las medidas que la corte ordenó, o se han tomado de manera tardía y parcial”, sostiene Alejandra Donoso, directora ejecutiva de Defensoría Ambiental. Ezio Costa, director de la ONG FIMA, caracteriza como decepcionante que “el estado no solamente falla en proteger los derechos de las personas, sino que, una vez que es sancionado por hacerlo, mantiene esa actitud de vulneración”.
Tanto defensores ambientales como organizaciones del sector llevan a cabo estos días una campaña donde visibilizan la situación del fallo, buscando que en Quintero y Puchuncaví se reestablezca el “derecho a respirar en paz”; una búsqueda que está agotando todos los frentes de acción.
El controvertido Plan de Descontaminación
Al preguntar sobre las medidas del fallo, las autoridades por lo general se refugian en el cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que entró en vigencia dos meses antes de la resolución de la Corte. Sin embargo, mientras que el plan busca que no se supere la norma de calidad ambiental para ciertos elementos que ya están regulados, el fallo solicita un examen mucho más exhaustivo, contemplando todas las emisiones y no solo las que tienen norma. Esto cobra importancia al considerar que las intoxicaciones masivas en 2018 se vinculan con Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), para los cuales no se cuenta con norma ni medición. Por su parte, los gases que sí están regulados, tienen en su mayoría estándares mucho más laxos que los recomendados por la OMS.
Parlamentarios también han criticado el plan por su permisividad y laxitud en cuanto a los controles. Las Mujeres en Zonas de Sacrificio mantienen hoy un requerimiento ante el Tribunal Ambiental, para eliminar el plan actual y poner en vigencia uno que tenga las exigencias necesarias para prohibir y sancionar la superación de la norma.
Reclamo ante la pandemia
Ahora, la comunidad de Quintero y Puchuncaví se enfrenta a una pandemia por un virus que ataca el sistema respiratorio, con los pulmones debilitados tras años de respirar gases tóxicos. “Como población estamos absolutamente en riesgo, porque esta contaminación va generando fragilidades en el sistema respiratorio de nuestra gente. Estamos preocupadas de que las autoridades tengan algún grado de injerencia con las empresas, para que bajen las emisiones en este contexto”, pide María Teresa Almarza, vocera de Mujeres en Zonas de Sacrificio.
Junto con la anulación del Plan de Descontaminación, las recurrentes consideran que su comunidad debería considerarse como población de riesgo, y han pedido ante el Tribunal Ambiental que se paralice la actividad de las empresas más contaminantes del sector, al menos hasta que entre en vigencia un nuevo plan. La medida fue inicialmente rechazada, tras lo cual presentaron un recurso que todavía está a la espera de respuesta por parte del tribunal.
Varamientos de carbón
“Nosotras no vivimos flotando, vivimos entre el aire, la tierra y el agua”, recuerda María Teresa. Y es que mientras el PPDA se centra en la contaminación atmosférica, el fallo de la Corte Suprema exige identificar los elementos nocivos para el aire, el agua y los suelos.
En ese sentido, los varamientos de carbón en las playas y en el fondo marino son un evento que se reitera con cada vez más frecuencia en la zona, al punto de que en 2019 se registró en promedio un varamiento de carbón cada dos días.
El senador Francisco Chahuán junto a representantes de la comunidad, presentó un recurso de protección contra AES Gener, por la posible responsabilidad de la empresa en estos hechos. El plazo para tratar este tema en la Corte de Apelaciones, se extendió por segunda vez consecutiva a inicios de mayo.
Demanda por daño ambiental
Uno de los principales procesos judiciales en curso, es una demanda por daño ambiental contra las empresas del cordón industrial y el Estado, en que participan miembros de la comunidad y que se encuentra en etapa de conciliación. “El Estado ha sido pasivo y llega a ser hasta indolente. Conociendo la magnitud de la crisis que se vive en el lugar, teniendo una sentencia que lo ordena, teniendo las leyes y las atribuciones, no actúa”, declara Alejandra Donoso, quien acompaña a la comunidad también en esta instancia.
Así, se acumulan entre otros, los procesos que han utilizado las y los habitantes de Quintero y Puchuncaví para buscar medidas que terminen con la crisis ambiental en la que viven. Hoy, las partes esperan la respuesta de las autoridades sobre el cumplimiento del fallo, para decidir los pasos a seguir, y una de las opciones es recurrir a instancias internacionales.
“La comunidad de Quintero y Puchuncaví ha intentado por todos los medios que nuestro ordenamiento jurídico entrega, proteger su vida, su salud y su medio ambiente y eso no ha funcionado entonces lo que va quedando es buscar la responsabilidad en instancias internacionales”, comenta Alejandra. A pesar de la cantidad de procesos en curso, el fallo de la Corte Suprema es el más incluyente, por lo que el foco de los abogados está en lograr de alguna manera su cumplimiento. “Ambas cosas van a suceder. No habiendo un cumplimiento del fallo, probablemente empiece a moverse la acción hacia el tribunal internacional, pero también se van a pedir medidas internas para atenerse al cumplimiento de las medidas y que se restablezca el estado de derecho en la zona. Eso es lo principal”, reflexiona Ezio Costa.
Esta tarde, el INDH realizará un conversatorio virtual para hablar sobre el fallo, junto a la comunidad y defensores ambientales.
