Imagen referencial / Fotografía de Agencia Uno
«En algunos casos, grupos económicos que han participado de la propiedad de las AFP han sido dueños de empresas que son, a su vez, un destino de inversión de los ahorros previsionales, entregando capital para el financiamiento de proyectos que tendrán consecuencias permanentes sobre los territorios y comunidades», sostiene el último estudio de Fundación Sol.
Este miércoles la Fundación Sol publicó un nuevo estudio – gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – en el que analizan las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y a que empresas van los ahorros de todos los chilenos y chilenas, revelando una preocupante realidad para todos quienes se procuran no colaborar de ninguna manera con negocios que dañan al medio ambiente.
Esto debido a que el informe «Inversiones de las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental«, establece que, hasta junio del 2020, el 56,3% del total de las inversiones de las AFP, en empresas que operan en Chile, están concentradas en 10 compañías consideradas emisoras o altamente contaminantes.
Es más, la mayor parte del portafolio de las AFP se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto, en los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659 millones), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones), alcanzando un 75,5% del total de su dinero invertido en empresas dentro del territorio nacional.
Además, de este dato desglosan que los sectores eléctrico y forestal acumulan el 45,6% del total de inversiones de las AFP, y que, a junio de 2020, por ejemplo, las administradoras destinaron $1.659 millones de dólares en empresas y fondos de inversión para proyectos mineros.
Por último, Fundación Sol también revela que Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX son las que más destacan entre los destinos de los elegidos por las AFP para invertir el dinero de las y los ciudadanos chilenos. Las empresas mencionadas han estado involucradas en conflictos con las comunidades y también con la justicia, y sin embargo la inversión en estas compañías alcanza los $1,57 billones ($1.575.893 millones).
Por otra parte, el estudio también se encarga de considerar a las y los trabajadores empleados en actividades extractivistas, con lo que se llega a un total nacional de 392.452 personas, un 5,6 % de la gente asalariada en el país.
En ese sentido, analizan que no hay una relación directa entre la existencia de estas empresas y la cantidad de empleos por el número de habitantes en determinado territorio. «Si a nivel nacional un 54,8 % de las personas en edad de trabajar se encuentran ocupadas, en las llamadas zonas de sacrifico este porcentaje equivale a un 49,6 %. La “inactividad” (desde el punto de vista del trabajo remunerado) en estas zonas alcanza un 44,3 % en comparación con el 40,6 % a nivel nacional», dice el documento.
Finalmente, el análisis de los datos señala que a nivel nacional, un 13,2 % de las personas asalariadas en el sector extractivista se encuentran externalizadas, y que la rama con mayor externalización es la minería, en la cual el 18,2 % de las personas empleadas se encuentran contratadas mediante subcontrato, suministro o enganche.
«Se podrá observar como este tipo de actividades (extractivismo) corresponden a la mayoría de las empresas que reciben capital proveniente de los fondos de pensiones. En algunos casos, grupos económicos que han participado de la propiedad de las AFP han sido dueños de empresas que son, a su vez, un destino de inversión de los ahorros previsionales, entregando capital para el financiamiento de proyectos que tendrán consecuencias permanentes sobre los territorios y comunidades», advierten desde Fundación Sol.
