Honduras: Fallo “histórico” condena a militar por el asesinato de defensora ambiental Berta Cáceres
Por: El Desconcierto
| Publicado: 06.07.2021
Berta Cáceres /
El fallo condenatorio emitido contra el militar hondureño Roberto David Castillo por el asesinato, en marzo de 2016, de la ambientalista hondureña Berta Cáceres es “una victoria de los pueblos”, afirmó su familia, mientras para el Ministerio Público de Honduras es un precedente “histórico”. Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Cáceres fue asesinada.
El veredicto del Tribunal de Sentencia hondureño, emitido este lunes 5 de julio, que decidió de forma unánime declarar culpable a Roberto David Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
De acuerdo a lo señalado por el medio EFE Verde, la condena emitida significa que “las estructuras de poder no lograron en este caso corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos”, indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
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La causa Berta Cáceres “no termina” con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina “firmemente” a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
Cabe recordar que, Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del COPINH, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Tras el histórico fallo, su familia y el COPINH exigieron la cancelación “inmediata” del permiso de construcción “sobre el sagrado río Gualcarque” y se procese a todas las personas involucradas en “su ilegal y corrupta concesión”.
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