Salmonicultura 2020: Los impactos ambientales que ni la pandemia pudo detener

El comportamiento económico de la industria salmonera durante un año marcado por la pandemia, junto con sus impactos ambientales y sanitarios, fueron abordados en el capítulo sobre salmonicultura del Balance Ambiental  que publicó recientemente Fundación Terram.

Si bien los precios del salmón se mantuvieron comparativamente bajos, paradójicamente las cantidades exportadas de salmón crecieron, especialmente en destinos como Estados Unidos y Japón, continuando con ello los desastres ambientales asociados al modelo de operación de la industria, los cuales han sido en general invisibilizados frente a la emergencia sanitaria y las donaciones de equipamiento de salud realizadas por la industria salmonera en el contexto actual, bajo su campaña “Comprometidos con el Sur”.

El capítulo destaca como uno de los mayores desastres de la industria salmonera durante la pandemia, aquellos asociados a los eventos de escapes masivos de salmones, resaltando como el de mayor gravedad el ocurrido el 27 de junio en el centro Caicura, de propiedad de Salmones Blumar, ubicado en el Seno de Reloncaví, comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos, a causa del hundimiento de uno de sus módulos de cultivo a raíz de un temporal de viento puelche.

En este evento, 16 de las 18 balsas jaulas que componían dicho módulo quedaron bajo el agua, lo que –de acuerdo a estimaciones oficiales– provocó una mortalidad de salmones estimada en 2.900 toneladas y el escape de casi 104.000 peces, pese a supuestamente cumplir con los mejores estándares de ingeniería en fondeo.

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Otro hito relevante que marcó el 2020 fue la decisión del gobierno de declarar a la acuicultura –y, por extensión, la salmonicultura– como una actividad esencial o indispensable bajo el contexto de la pandemia, bajo el argumento de que  “la salmonicultura es un sector fundamental durante la presente contingencia, pues forma parte de la cadena productiva que asegura la disponibilidad de alimentos para la población y el desarrollo productivo del país”, según declaró en su oportunidad el hasta entonces Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

Para Christian Paredes, abogado de Fundación Terram y autor del capítulo, “la decisión de calificar la salmonicultura como una actividad esencial o indispensable para evitar su paralización en el contexto de la pandemia resulta, a lo menos, cuestionable, pues, contrario al discurso instalado por la industria salmonera y el Gobierno, se ha comprobado que ella no contribuye a la alimentación de los sectores de menores ingresos y, en definitiva, a la seguridad alimentaria de la población. Por el contrario, al ser la harina y aceite de pescado un importante ingrediente de los alimentos para salmones, esto también conlleva una mayor presión sobre las pesquerías nativas, sin considerar el impacto que sobre ellas, así como sobre comunidades bentónicas, tienen eventos como los escapes de salmones o la generación de ambientes eutrofizados”.

Por otro lado, el capítulo también resalta los impactos sanitarios relacionados fundamentalmente a la presencia de virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón) y de altos niveles de Cáligus (piojo de mar) en diferentes Agrupaciones de Concesiones de Salmones (ACS) en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, resultando especialmente preocupante la situación en esta última, donde casi se duplicó la presencia del parásito en comparación con el primer semestre del 2019.

Con relación al virus ISA, si bien ya en julio Sernapesca había detectado resultados positivos de su presencia en un centro de cultivo ubicado en el Seno Skyring, Región de Magallanes (“Navarro 3” de propiedad de Trusal y operado por Nova Austral), situaciones más complejas se produjeron durante los meses de octubre y noviembre, en los que la autoridad declaró como “zonas infectadas” áreas de las regiones de Los Lagos y Aysén.

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Por otra parte, el capítulo destaca los dos recursos de amparo acogidos a principios de agosto por el  Consejo para la Transparencia, presentados por la ONG Oceana en contra del Sernapesca, en virtud del cual le ordenó a este último órgano entregar información desagregada por empresa salmonera sobre cantidad y clase de antibióticos y productos antiparasitarios utilizados en el tratamiento de sus salmones en cultivo.

Esta resolución fue calificada de inédita pues, contrario a lo sostenido por las empresas salmoneras –quienes se negaron a entregar dicha información aduciendo la supuesta afectación de sus derechos económicos y comerciales–, por primera vez el Consejo para la Transparencia reafirmó el carácter público de la misma al estimar que “existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública”.

Finalmente, otro de los hitos que resalta el capítulo citado fue la culminación de un procedimiento sancionatorio iniciado en octubre del año 2018, donde la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó por dos cargos –uno calificado como gravísimo y otro como leve– a la empresa Mowi Chile (ex Marine Harvest), como consecuencia de infracciones detectadas a raíz del escape de más de 690 mil ejemplares de salmón del Atlántico desde su centro Punta Redonda, ubicado en Isla Huar, comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, en julio de 2018, donde la entidad aplicó una multa por más de $5.300 millones, la que se configura como la más elevada cursada por un único cargo por el fiscalizador ambiental, al constatarse que no se mantuvieron en el centro las condiciones de seguridad apropiadas ni los elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia de acuerdo a sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, lo que derivó en un daño ambiental irreparable.

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